Los lineamientos de austeridad republicana no sólo son letra muerta en algunos organismos autónomos: la omisión también se extiende a un puñado de entidades y dependencias de la administración pública federal, donde persisten seguros de gastos médicos mayores, de separación individualizado, de retiro y vida, al margen de la seguridad social que el mismo Estado s provee.

El año pasado, el negocio de seguros privados entre la burocracia federal representó 4 mil 505 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un rubro que antes de la Ley Federal de Austeridad Republicana significaba erogaciones por 11 mil millones de pesos, según lo referido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su primer Informe de gobierno.

A una Ley Federal de Austeridad Republicana, en la que se prohíbe contratar con recursos públicos jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados y de vida en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo, han seguido lineamientos para redirigir recursos a atender la pandemia de covid-19.

Si bien el gasto en seguros privados –fuera de los que atienden alguna responsabilidad civil y no están acotados a los lineamientos de austeridad– se redujo respecto a los 5 mil 900 millones que representaron para la hacienda pública en 2020, decenas de unidades administrativas del ámbito federal siguen pagando millones de pesos por servicios que el mismo Estado debería proveer.

Pagos en 26 universidades

De acuerdo con los informes trimestrales de Hacienda, el año pasado 26 universidades, centros de investigación, reguladores e incluso una secretaría de Estado reportaron el pago de seguros de gastos médicos mayores con dinero público, adicional a los 364 mil 142 millones de pesos que fueron para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como parte de las prestaciones de salud que se pagan exclusivamente para la burocracia.

En suma se pagaron mil 239 millones de pesos en seguros de gastos médicos mayores para trabajadores del Centro de Investigación en Química Aplicada; el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste; el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; el Centro Nacional de Control del Gas Natural; el Centro Nacional de Inteligencia; el Colegio de México; el Colegio de Postgraduados; la Comisión Nacional de Hidrocarburos; el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Se suman el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; el Colegio de la Frontera Norte; el Colegio de San Luis; el Fideicomiso de Fomento Minero; el Fideicomiso para la Cineteca Nacional; Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica; Liconsa; el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional; el Servicio Geológico Mexicano y la Universidad Autónoma Chapingo.

El caso de la cancillería

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores gastó 7 mil 799 pesos para este fin entre abril y junio del año pasado. Sin embargo, cinco entidades concentran 91 por ciento del gasto en seguros de gastos médicos mayores del año pasado. La Guardia Nacional (565 millones de pesos); la Universidad Nacional Autónoma de México (367 millones); Prevención y Readaptación Social (82 millones); el Servicio de Protección Federal (81 millones) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con 36 millones.

También por separación individualizada se gastaron 534 mil 845 pesos, de nueva cuenta aparece la Secretaría de Relaciones Exteriores con un monto de 97 mil 163 pesos; el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, con 435 mil 979, y el propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con un gasto de mil 703 pesos.

Los seguros de vida institucional y colectivo de retiro son los más extendidos entre las dependencias que cuentan con contratos colectivos. Para ellos, respectivamente, se destinaron 2 mil 855 millones y 408 millones el año pasado. De forma adicional, en otros seguros para burócratas se gastaron 2 millones 462 mil. Fuera de esta relación quedan los de responsabilidad civil, no especificados en la Ley de Austeridad.