A 10 años de que se modificara el artículo 4 constitucional para garantizar el derecho humano al agua, aún no se promulga la ley general en la materia y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya determinó que hay omisión del Legislativo. En este periodo se ha incrementado la escasez del líquido, el deterioro del recurso, la inequidad en el acceso y los millonarios del agua siguen acaparándola.

Pedro Moctezuma, de la agrupación Agua para Todos y coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, dijo que la Cámara de Diputados debe elaborar la nueva legislación, ya que en el tercer transitorio de la modificación constitucional quedó establecida. Esto ocurrió el 8 de febrero de 2012.

El pasado 24 enero, la Corte determinó que el Congreso de la Unión incurrió en omisión legislativa al no haber emitido la ley general de aguas, lo cual vulnera las atribuciones legales del municipio en la materia y afecta su participación en el acceso y uso sustentable de los recursos hídricos y su facultad de proveer a la población de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales.

En entrevista, Moctezuma recordó que ya existe un dictamen consensuado en la pasada Legislatura, resultado de 36 foros realizados a lo largo del país y que se presentó en septiembre pasado en la Cámara de Diputados ante el entonces relator del derecho humano al agua de Naciones Unidas, Leo Heller. Consideró que el Senado puede dar continuidad al proceso y confió en que haya una propuesta del Ejecutivo.

Advirtió que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está atada de manos con la Ley de Aguas Nacionales, emitida durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ya que tiene un esquema legal rígido en el que se amparan los grandes intereses del país. Agregó que se debe tomar en cuenta que una parte víctima de esta legislación es el sector ambiental.

Ahora advertimos del peligro de los grandes intereses que se hicieron presentes en la 65 Legislatura, que buscan copar la comisión de Recursos Hidráulicos y que pueden interferir en el proceso.

Puso como ejemplo que Mario Mata, diputado por el distrito 5 de Delicias, Chihuahua, fue parte del conflicto de 2020 en la presa La Boquilla –cuando México debía cumplir con entregar agua a Estados Unidos en el contexto del Tratado Internacional de 1944– y hasta llamó a la separación de esa entidad de la federación. Además, como presidente de la junta municipal de Agua de Chihuahua autorizó la creación de un lago artificial en una zona con escasez.