Organizaciones civiles y expertos enviaron una carta a la Comisión de Justicia del Senado para externar su inquietud por un proyecto de reforma que, a su juicio, perpetuaría la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas que tienen alguna discapacidad y seguiría limitándolas para tomar sus propias decisiones.

Ernesto Rosas, director de vinculación interinstitucional de la Confederación a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, recordó que el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –de la cual México forma parte– establece que todos aquellos que viven con dicha condición deben gozar del reconocimiento de su capacidad jurídica.

Lo anterior, abundó el experto, implica que las personas tengan toda la libertad para tomar sus propias decisiones para celebrar actos jurídicos desde que obtienen la mayoría de edad.

A diferencia de dicho postulado, en México observamos que los códigos civiles federal y de los estados establecen que las personas impedidas de manifestar su voluntad deben someterse a un juicio de interdicción, donde un juez los declara incapaces y se nombra a un tutor para que maneje sus bienes, aunque en la práctica lo hacen por encima de los intereses de sus representados.

En dicho escenario, indicó Rosas, se dio a conocer una iniciativa de reforma del presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Julio Menchaca (Morena), para que las personas con discapacidad puedan optar por un sistema de apoyos a fin de que designen a quien les ayude a resolver algunas de sus necesidades, pero sin eliminar del todo la figura del tutor y privilegiando a sus familiares para desempeñar ese rol.

En la práctica, esa persona de apoyo será prácticamente un tutor, lo que no le da mayores posibilidades de actuar a la persona, por eso planteamos que la iniciativa se revise y no vaya a pasar como está, porque sí sería contraria a lo que dice la Convención Internacional (en la materia). Estamos recabando firmas y calculamos que la próxima semana reuniremos las suficientes para enviarlas a la Comisión de Justicia, detalló.

Rosas explicó que la tutoría de un familiar no necesariamente es la mejor opción para una persona con discapacidad, ya que los parientes no siempre actúan de buena fe o con los conocimientos necesarios, lo que da pie a abusos, por lo que debe garantizarse la existencia de salvaguardas para que los ayudantes cumplan con determinados requisitos y su labor sea vigilada.