Desde 2013, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal que dirigía Genaro García Luna ocultó los pagos que se realizaron de manera indebida a las empresas encargadas de construir ocho cárceles federales, lo que hasta septiembre de 2020 representó una erogación de más de 64 mil millones de pesos; de igual manera, se encubrió que las constructoras no tenían las capacidades técnicas, operativas y financieras, e ilegalmente se autorizó que ninguna compañía cumpliera los plazos de construcción e inicio de operaciones, señala la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra 17 ex funcionarios del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

De acuerdo con la información que integra la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000611/2020, la construcción de los penales que se localizan en Durango, Oaxaca, Morelos, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán se realizó a través de una asociación con el propósito de realizar contrataciones indebidas.

Para favorecer a los constructores, se realizaron convenios modificatorios que cambiaron la vigencia de los contratos, la fecha de entrega de las cárceles, incluso el lugar de construcción de las mismas.

En la acusación se señala que desde 2013 se han pagado anualmente en promedio, por contrato, mil 70 millones de pesos, y hasta septiembre de 2020 se han pagado 64 mil 911 millones 162 mil 365 pesos, lo que fue ocultado desde el año 2013”.

Se resalta que la SSP federal que entonces dirigía García Luna diseñó un aparente proceso legítimo de adjudicación directa, comenzando con una investigación de mercado a modo, a la que fueron invitadas a participar empresas elegidas.

“Los ocho contratos se otorgaron mediante adjudicación directa argumentando que se requería de empresas especializadas y que se hacía de esa manera para no poner en riesgo la seguridad nacional, pues se trataba de la construcción y manejo de centros penitenciarios, lo cual es falso, porque se permitió a las empresas realizar subcontrataciones; al poco tiempo se evidenció su falta de capacidad operativa y experiencia en el ramo, por lo que estas mismas empresas subcontrataron a otras para que hicieran las obras.

También resultó falso lo postulado en los contratos originales, tanto por lo que hace que contaban con personal calificado y equipo adecuado, así como también la justificación de que una licitación pública ponía en riesgo la seguridad nacional, pues la confidencialidad de los proyectos no fue reservada exclusivamente para las empresas contratadas.

Estos convenios generaron un incremento en los pagos anuales desde que los centros federales de readaptación social iniciaron operaciones, incrementos que oscilan desde 6.2 a 29.8 por ciento.

Las empresas privadas se comprometieron a concluir la construcción de los centros penitenciarios el día 1º de junio de 2012 e iniciar el servicio con fecha de 1º de agosto de 2012, pero ninguna cumplió.

Ilegalmente se modificaron los sitios de construcción, entre ellos uno de los proyectos se iba a desarrollar en el municipio de Purísima Rincón, en Guanajuato, pero se llevó a cabo en un terreno en Ramos Arizpe, Coahuila.

También se cambió de ubicación el Cefereso que se construyó en Morelos, pues originalmente se realizaría en el ejido de Tehuixtla y se hizo en el municipio de Coatlán del Río.

En ninguno de los ocho Ceferesos se cumplió con la construcción y se amplió el plazo tanto de desarrollo como de entrega de los centros. En algunos casos, como el de Coahuila, se modificó la vigencia del contrato de 22 a 26 años 10 meses y dos días, en el de Morelos pasó a 23 años, cuatro meses y siete días.