Guatemala. La fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes de Guatemala imputó ayer cargos a 10 personas detenidas la semana pasada y acusadas de integrar una red de trata que participó en el traslado ilegal de 15 guatemaltecos calcinados en México en enero de 2021.

Hace poco más de un año, los cuerpos baleados y calcinados de 19 personas fueron encontrados en Camargo, Tamaulipas, cerca de la frontera con Texas, zona que desde hace años ha sido punto de disputa entre los cárteles del Golfo y del Noreste. Las autoridades determinaron que 15 de los cuerpos pertenecían a guatemaltecos que iban en tránsito hacia Estados Unidos, otro de los fallecidos era uno de los presunto traficantes, dos más eran migrantes mexicanos y de otro no se tiene información.

Frente a la jueza Judith Secaida, los 10 detenidos –entre ellos dos mujeres– escucharon al fiscal Stuardo Campos acusarlos de asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico de personas, falsedad y obstrucción de justicia. Campos expuso que uno de los acusados, David Coronado Pérez, era el líder de la red que coordinó, organizó y trasladó a los migrantes junto a Ramiro Coronado, prófugo de la justicia, y quien se arrogó la calidad de vocero de las víctimas para desviar la atención de los traficantes. En el incidente también falleció Adán Coronado, hijo de Coronado Pérez y a quien la fiscalía responsabiliza como el guía del grupo de indocumentados que cruzó hacia México con la intención de llegar a Estados Unidos.

Según la fiscalía, entre los 15 fallecidos que fueron asesinados y quemados por policías mexicanos había cinco menores de edad.

La Procuraduría General de la Nación fue aceptada provisionalmente como querellante adhesivo en el proceso, con el fin de defender los derechos de los familiares y las víctimas de los menores; y buscar reparaciones por los crímenes.

El fiscal Campos estableció que luego del asesinato de estas personas, la organización continuó traficando gente.

Se documentó que después de este hecho traficaron a dos grupos más, incluidos tres menores de edad.

Por el hecho hay dos procesos judiciales, uno en México contra los presuntos asesinos de las personas en movilidad, y otro en Guatemala contra la estructura que había traficado y entregado a los migrantes a quienes los asesinaron.