Entre mutuas recriminaciones de consejeros electorales y representantes de Morena, el Instituto Nacional Electoral aprobó una nueva adecuación a los lineamientos de la revocación de mandato para ajustarlos a la disponibilidad financiera del organismo. La determinación derivará en que se instalarán solamente 57 mil 377 casillas, en lugar de las 160 mil que establece la ley: no es lo óptimo, pero es a lo que se orilló el instituto con la reducción presupuestal, justificó el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

Acusó a Morena y al gobierno federal de sentar un nefasto precedente al restringir recursos para los procesos democráticos, pero la revocación de mandato va, disminuida, pero va, añadió Cordova. En contraste, la representación de Morena responsabilizó al INE de mantener una actitud sistemática para boicotear la realización de este ejercicio ciudadano, destinando escasos recursos para preservar los privilegios salariales y prestaciones de una burocracia dorada.

Intenso debate en el Consejo General en el que el morenista Mario Llergo recordó que el costo de las casillas en la consulta popular fue de 9 mil pesos y aún si fuera de 13 mil pesos, daría para instalar más de 130 mil casillas, lo que refleja, dijo, la obstaculización del instituto a la realización del ejercicio. Criticó las cuentas del INE, al que se le perdieron 500 millones de pesos, pues originalmente, según dijo, habían aprobado 2 mil millones de pesos y ahora lo han reducido a mil 500 millones de pesos.

Las acusaciones del morenista derivaron en una cascada de cuestionamientos por los consejeros, que lo acusaron desde mentir deliberadamente hasta de su ignorancia en matemáticas. La diferencia, explicó Córdova, estriba en que esos 500 millones de pesos reflejan la reducción de costos con respecto al proyecto original, no que se tengan disponibles, lo cual está explicado en los acuerdos aprobados.

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña afirmó que era muy poco serio comparar la consulta popular con la revocación de mandato, porque ahora se incrementarán costos de capacitación, tinta indeleble e insumos sanitarios que se aprovecharán en agosto en la elección. No se quiera venir aquí con mucho cinismo a llamarse a sorpresa que cómo es posible que se pudo hacer un proceso de consulta popular con menos recursos.

Entre tanto, la oposición también arremetió contra la postura de Morena argumentando que se trataba de un ejercicio inútil. Nadie en el país, dijo el priísta José Carlos Ramírez Marín quiere que el Presidente se vaya, por eso es una insensatez gastar miles de millones de pesos en su realización cuando deberían destinarse a la salud.

Desde el inicio del debate, Córdova mantuvo un discurso beligerante responsabilizando a Hacienda y a los diputados de Morena de impulsar una narrativa de que el INE no quería realizar el ejercicio, cuando, según aseguró, a cada paso que dio el INE se interponían recursos para objetarlos. Se redujo el presupuesto injustificadamente en 3 mil millones de pesos, por lo que estos cambios en los lineamientos, que permitirán reducir las casillas, dan certeza al organismo.

En respuesta, el morenista César Hernández cuestionó la determinación de compactar casillas, porque impactará en la participación ciudadana, bajo el argumento de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no les otorgó el capricho de ampliarles el recurso para poder llevar a cabo tal proceso, resulta ser una muestra evidente de la falta de voluntad de este órgano.

Frente a las críticas morenistas, los consejeros cerraron filas. Martín Faz sostuvo que se ha colocado al INE en una situación grave e inédita, que obligó al INE a asumir el indeseable escenario de sólo instalar 57 mil 377 casillas. A su vez, Jaime Rivera sostuvo que las descalificaciones y restricciones presupuestales al INE son manifestaciones preocupantes y alarmantes”, alertando de que estas restricciones no sean precedente para que en el futuro se quiera restringir el presupuesto para las elecciones, porque podría significar un retroceso de 40 o 50 años.

La consejera Dania Ravel afirmó que la Secretaría de Hacienda asumió una sistemática postura para negar la petición al INE a pesar de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial dela Federación. Incluso, recordó la demanda penal interpuesta porla Cámara de Diputados contra los consejeros del INE ante la Fiscalía General de la República, lo que calificó como un nefasto precedente para la democracia, porque el camino jurídico de las diferencias de criterios es el TEPJF, no el encausamiento penal.