os resultados económicos de 2021 dan cuenta de una situación contradictoria. Las exportaciones mexicanas tuvieron un importante incremento al alcanzar una cifra récord de 494 mil 224.5 millones de dólares, aunque también crecieron las importaciones, llegando a 505 mil 715.5 millones de dólares. En materia de empleo hubo una recuperación de los formales, pero 56.5 por ciento de las personas ocupadas están en la informalidad. El dato de la inflación anual es conocido: 7.2 por ciento. Mientras que las remesas recibidas registraron un monto récord de 51 mil 471 millones de dólares.
Pese a estos datos, que documentan una cierta recuperación apoyada con los importantísimos montos recibidos en remesas y con los programas sociales, el PIB del cuarto trimestre tuvo una caída de -0.1 por ciento respecto al tercer trimestre que, a su vez, había disminuido respecto al segundo en -0.2 por ciento. El dato duro es que la economía mexicana prácticamente se paralizó en el segundo semestre, provocando que la recuperación del primer semestre se detuviera cerrando 2021 con un crecimiento de 4.8 por ciento, lejano del 6.2 esperado por el gobierno. Discutir si esto es recesión o estanflación es ocioso. Lo importante son los impactos en el bienestar social.
En relación con este bienestar social, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó el Panorama Social de América Latina 2021, que señala que pese a la recuperación económica del año pasado, la pobreza y la pobreza extrema crecieron en la región incluso respecto de los niveles registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social. La crisis evidenció la vulnerabilidad de la población en los estratos de ingresos medios y de ingresos bajos. La Cepal advirtió que tenemos que enfrentar el hecho de que, aunque la crisis es transitoria, sus consecuencias pueden ser permanentes en niñas y niños, adolescentes y jóvenes que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
Para la Cepal es claro que la crisis actual no ha concluido y que los esfuerzos que han hecho los gobiernos de la región no sólo deben continuar, sino que es necesario que se refuercen las políticas de protección social puestas en marcha durante la emergencia. Por esta razón, se reitera que la crisis ha llevado a revalorar el papel del Estado, cuando menos por tres razones trascendentes: primero, por la necesidad de que el Estado ponga en práctica políticas que contengan la contracción y relancen la economía; segundo, por la necesidad de garantizar servicios públicos universales que incrementen la resiliencia social, condición indispensable para lograr un desarrollo sostenible; tercero, porque es posible aprovechar esta situación crítica para lograr nuevos pactos sociales y fiscales que propongan la construcción progresiva del bienestar general.
Si América Latina era antes de la crisis la región más desigual del mundo, la pandemia ha exacerbado esta situación. Consecuentemente, es indispensable acordar políticamente que los gobiernos establezcan garantías básicas de ingreso. La deuda latinoamericana mayor no es con los bancos, es con la población vulnerada. Pagar esta deuda social es una responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad. Los gobiernos tienen que asumir su centralidad en la conducción de una economía que coloque entre sus objetivos fundamentales la construcción de bienestar. Es socialmente incongruente que, por ejemplo, en un momento crítico como este, los bancos privados obtengan utilidades verdaderamente extraordinarias.
En estas difíciles condiciones, México ha mantenido la estabilidad social. A ello han contribuido las remesas recibidas que promedian mensualmente casi 4 mil 300 millones de dólares, así como los programas sociales de este gobierno. Las remesas dan cuenta del compromiso de nuestros compatriotas con sus familias, en tanto que los programas sociales aluden al esfuerzo gubernamental de responder a un requerimiento social. Por esto, a diferencia de lo ocurrido en la mayoría de los países latinoamericanos en los que aumentó la desigualdad, en México disminuyó, medida tanto por el coeficiente de Gini como por el índice de Atkinson. Por esto, el gobierno mantiene niveles de aceptación importantes que le permiten continuar con la línea de trabajo seguida hasta ahora.
Lo que está planteado para América Latina y también para México, dadas las difíciles circunstancias, es profundizar en la defensa de los vulnerados y de los vulnerables. Para ello, como bien señala la Cepal, hay una ventana de oportunidad para un pacto social que establezca nuevas fronteras en nuestra economía mixta basadas en la aceptación de que le corresponden al Estado responsabilidades adicionales. Estas responsabilidades para ser financiadas exigen otra fiscalidad que permita acelerar la construcción progresiva de un Estado del bienestar.
