El juzgado noveno de distrito en materia penal con sede en Agua Prieta, Sonora, tiene hasta hoy para tomar la declaración preparatoria del ex comisionado de la Policía Federal Facundo Rosas Rosas, quien está acusado de permitir el ingreso ilegal de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, que autoridades de Estados Unidos llevaron a cabo como parte de la operación Rápido y furioso.

Funcionarios federales revelaron que será un secretario de acuerdos en funciones de juez quien determinará si el delito que se le imputa a Rosas Rosas debe ser considerado grave y por ello no tendrá derecho a la libertad bajo fianza.

El alto mando de la Policía Federal durante el gobierno de Felipe Calderón y uno de los hombres más cercanos del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue detenido el jueves tras atropellar y provocar el deceso de una mujer en la Ciudad de México, y posteriormente se le notificó la existencia de una orden de captura en su contra por su involucramiento en la operación Rápido y furioso, a través de la cual se entregaron entre 2006 y 2011 más de 2 mil armas a grupos del crimen organizado que operan en México.

Desde la noche del jueves fue trasladado por agentes federales de la Ciudad de México al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, en Hermosillo, Sonora, y hasta el cierre de esta edición no había rendido su declaración preparatoria, ya que el encargado del juzgado noveno de distrito tiene 48 horas para llevar a cabo esta diligencia y el plazo vence hoy sábado.

La noche del jueves, Facundo Rosas esperó por más de 10 horas el proceso de ingreso al penal federal localizado en la salida poniente de Hermosillo, donde enfrentará el proceso como presunto corresponsable de Rápido y furioso.

Autoridades ministeriales indicaron que en caso de que se le dicte auto de formal prisión, su proceso se realizará bajo las reglas del antiguo sistema penal, ya que se trata de una indagatoria iniciada antes de junio de 2016.

La ahora Fiscalía General de la República (FGR) no le ha imputado el cargo de delincuencia organizada y por ello quedará en manos del secretario de acuerdos en función de juez determinar si la acusación de ser responsable de la introducción clandestina de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército a territorio nacional se trata de un delito grave, por lo que no tendría derecho a la libertad bajo fianza.

En este caso, la FGR no ha cumplimentado la orden de captura contra Cárdenas Palomino, quien en julio de 2008 fue designado coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal.