A disposición de togado de Sonora por el tráfico de armas desde EU
Viernes 28 de enero de 2022, p. 11
Facundo Rosas, ex comisionado de la Policía Federal y uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, será puesto a disposición de un juez federal con sede en Agua Prieta, Sonora, para que enfrente un proceso penal como presunto corresponsable del delito de introducción clandestina de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, relacionadas con la operación Rápido y furioso, mediante la cual autoridades de Estados Unidos entregaron armas de alto poder al crimen organizado.
Rosas fue detenido ayer por policías capitalinos tras atropellar y causar el fallecimiento de una mujer en la alcaldía Álvaro Obregón y quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, después fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO), en cumplimiento a una orden de aprehensión federal por el caso.
Al filo de las 15:00 horas, Rosas fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para una revisión legista y más tarde fue conducido a Sonora, donde quedaría a disposición del juzgado noveno de distrito con sede en Agua Prieta, ya que fue el órgano que libró el mandamiento judicial en su contra, al igual que se giró contra Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, quien, entre otros cargos, fue titular de División de Seguridad Regional de la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón.
El pasado 9 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal órdenes de aprehensión en contra de siete implicados, incluso ex funcionarios federales, en el operativo que entre 2006 y 2011 permitió la introducción ilegal de más de 2 mil armas de fuego.
También se libró la orden de captura contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, asimismo preso y sentenciado en Estados Unidos. Rápido y furioso fue un plan propuesto por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) estadunidense, para permitir el contrabando de armas, a las cuales se les incluyó un chip que permitiría rastrearlas, pero no cumplió su objetivo.
