Puebla, Pue., Cinco años después de que terminó el gobierno del extinto Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017), Puebla continúa pagando la deuda generada por la infraestructura y los servicios que el panista contrató con la iniciativa privada, y lo seguirá haciendo hasta 2034, pues falta por cubrir 36 mil 906 millones de pesos.

Lo anterior lo dio a conocer María Teresa Castro Corro, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) de la administración en turno, a cargo del morenista Miguel Barbosa Huerta, al comparecer ante el Congreso estatal, en donde informó que se encuentra en pláticas con los acreedores a fin de reducir el monto de los pasivos.

La deuda heredada por Moreno Valle equivale a casi 40 por ciento de los ingresos anuales del estado, que en 2021 ascendieron a 98 mil 720 millones de pesos, de acuerdo con la última actualización de la SPF.

Además, representa 80 por ciento del total de compromisos de pago que tiene Puebla. El 20 por ciento restante fue generado en otras administraciones.

Servicio de pasivos casi iguala lo destinado a obras

Moreno Valle, quien pereció el 24 de diciembre de 2018 en un accidente aéreo, argumentó en su momento que con la deuda impulsaría cuatro megaproyectos: un tren turístico que dejó de operar en 2021 por baja demanda, el Museo Internacional del Barroco (MIB), el Centro Integral de Servicios (CIS), tres líneas de metrobús y una plataforma donde se asentó la armadora alemana de vehículos de lujo Audi.

Durante su comparecencia, María Teresa Castro detalló que el estado eroga anualmente 2 mil 650 millones de pesos en cumplir con los pagos pactados, lo que equivale a 78 por ciento de la inversión en obra pública (3 mil 355 millones de pesos el año pasado).

Refirió que las negociaciones iniciadas por el gobierno de Barbosa Huerta para la restructuración de los pasivos dieron como resultado la modificación del contrato que la gestión morenovallista firmó con la constructora CIS, lo que generó un ahorro de 300 millones de pesos.

Asimismo, señaló que la SPF redujo 50 por ciento los recursos públicos que anualmente se destinan a la operación de las tres líneas del metrobús, identificadas con el nombre de Red Urbana de Transporte Articulado.