La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso de la Unión, en ambas cámaras, presentar propuestas para reformular su organización interna y garantizar que los legisladores sin grupo parlamentario sean considerados en la designación de la Comisión Permanente, así como incluir la representatividad de todas las bancadas.

Durante la discusión, el magistrado José Luis Vargas votó en contra al indicar que la resolución va contra la jurisprudencia que ha seguido el mismo órgano, además de ser violatoria a la separación de poderes.

El caso se deriva de una impugnación promovida por los diputados de Movimiento Ciudadano Ivonne Ortega y Jorge Álvarez Máynez, quienes reclamaron que ese partido quedó fuera de la Comisión Permanente, la cual tiene actividades entre cada periodo ordinario de sesiones. También cinco senadores que conforman el llamado Grupo Plural.

Los magistrados propusieron una evolución del criterio que habían considerado en impugnaciones previas y ordenaron al Congreso realizar ajustes de cara a la próxima formación de la Permanente para garantizar la pluralidad.

Vargas, único magistrado en votar en contra, indicó que la propuesta fue modificada el martes por la noche cambiando radicalmente el proyecto original. Advirtió que el caso está inmerso en el ámbito parlamentario, y no en materia político-electoral, y se trata de una interferencia al ámbito de competencias de este tribunal al Poder Legislativo.

Los demás integrantes de la sala superior coincidieron en que en este caso se vulneran derechos humanos, y obstaculiza las funciones de un cargo alcanzado mediante el voto.

Esta propuesta, de hecho, extiende y evoluciona el criterio de tutela al derecho a ser votado en su vertiente de ejercicio al cargo, a fin de proteger a quienes integran un órgano legislativo cuando se afecte este derecho, es decir, particularmente a integrar la comisión, aseveró el magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

Con ello, detalló, se propone otra metodología para analizar en primera instancia si se trata de un acto político o un acto jurídico.