odernos y contemporáneos hemos vivido haciendo un uso creciente de la energía eléctrica. La vida humana es inimaginable sin esta fuerza que sirve para iluminar, para mover artefactos, para dar energía a medios de transporte, y a tantos dispositivos electrónicos. Casas, calles, hospitales, escuelas, cines o computadoras y celulares, Internet, en todas partes está o debe estar este bien irremplazable para la vida humana.

Es incomprensible que la Constitución Política no incluya aún, en su ar­tículo cuarto, el derecho a la electricidad suficiente y segura, como garantía sobre un bien sin el cual poco podemos hacer. Nos acompaña en todo y para todo, es imprescindible; tiene que ser un derecho social de todos y cada uno, garantizado por el Estado.

Contar con el agua es ya un derecho constitucional de cada uno, como lo es la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el acceso a la cultura. Pero qué gran distancia hay entre una disposición de la norma fundamental y su materialización efectiva en la vida real de los mexicanos. El agua, por ejemplo, bien absolutamente básico, falta de manera desesperante en segmentos crecientes de la población mexicana; un rumbo inverso al que podría esperarse: según los censos de población y vivienda, en México pasamos de tener 3.3 millones de hogares sin acceso a agua potable en 2010 a 7.8 millones de hogares en 2020. En otras palabras, si en 2010 el 11.8 por ciento de los hogares en México no tenían agua potable, en 2020 el porcentaje creció a 22.4 de los hogares. Una revisión de las brechas entre el derecho y el hecho, mostraría cuánto trabajo político queda a los mexicanos para alcanzar lo ya ganado en el terreno constitucional.

Aunque el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos sociales previstos en la Constitución, la posibilidad de ese cumplimiento depende de una gran cantidad de condiciones institucionales, materiales, organizativas, sin las cuales es imposible realizar (volver real) las disposiciones de la norma fundamental. Entre otras de esas condiciones es preciso que el Estado cuente con soberanía efectiva, constitucional y real, sobre los bienes primarios convertidos en bienes de acceso garantizado a los mexicanos también por disposición constitucional. Este es inequívocamente el caso de la energía eléctrica. Esta contundente realidad le quita al fluido, por cierto, la posibilidad de volverse apenas una mercancía.

Sin el mando efectivo del Estado sobre la generación, la transmisión y la distribución del fluido, los mexicanos no pueden tener garantizado su acceso a ese bien irremplazable. Debería ser obvia para todos la razón de ser de la reforma eléctrica. Es imposible esa garantía si la decisión es del mercado porque su propósito es el lucro. Los legisladores no tienen muchas alternativas: o están del lado del lucro, o del lado de una soberanía energética que dé lugar al derecho social garantizado a contar con el fluido. Más aún cuando ese bien no sólo ha estado gobernado por las ganancias empresariales, sino que el mercado fue organizado para la ganancia corrupta a mansalva, exprimida a los recursos públicos que son de todos los mexicanos. Todo, con fortísima presencia del capital extranjero.

Los legisladores de PAN, PRI, PRD y MC no pueden decir que no ven esas realidades. Sus argumentos acerca de la competencia del mercado es apenas burla. A las empresas que los gobiernos neoliberales colocaron corruptamente como los operadores del fluido eléctrico, les importa un comino la necesidad primordial de los mexicanos. Es difícil entender que esos ex partidos, que se supone quieren volver al poder, se pongan del lado contrario al interés de los ciudadanos (los electores). Todos sabemos que las reformas estructurales neoliberales de Peña Nieto fueron un jugoso negocio para esos ex partidos, pero parece una autoinmolación más continuar dando la espalda a los mexicanos, a menos que también les resulte redituable hoy, en pesos contantes y sonantes, defender a los empresarios, multimillonarios por las malas. De paso: habituados como están a que el mundo consiste en las narrativas que cada quien invente, acusan a la CFE de lo que los privados provocan: la mayor proporción en la generación de energía sucia.

La soberanía energética de México está en construcción. Los gobiernos neoliberales fueron enemigos jurados de la soberanía en todos los campos. La soberanía era para ellos una antigualla. Lo moderno era dilapidarla en el mar de la corrupción de la globalización neoliberal. Es hora de recuperarla especialmente en todo aquello relacionado con las necesidades sociales y los indispensables bienes comunes. Sin el escudo de la soberanía del Estado sobre los bienes comunes, las luchas de los movimientos sociales y de los partidos de la izquierda no tienen espacio político para ampliar los derechos sociales y, así, organizar la satisfacción de las necesidades básicas, un concepto dinámico si los hay.