La discusión de la iniciativa presidencial en materia eléctrica siguió con posturas encontradas: mientras el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Francisco Barnés de Castro, afirmó que se busca un modelo que pudo ser exitoso hace 60 años, pero que será un gravísimo error, con consecuencias incalculables, académicos de la misma casa de estudios atajaron que la propuesta pretende evitar la muerte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según Barnés, la propuesta es mucho más estricta para el sector privado, que la existente antes de la reforma de Peña Nieto, que impone un cambio radical a los inversionistas en más de 80 centrales eléctricas donde, citó, la Comisión Reguladora de Energía calcula que se han invertido más de 60 mil millones de dólares.

El académico de la UNAM Jorge Tonatiuh Martínez Aviña, especialista en finanzas, resaltó que en el sistema eléctrico nacional, la CFE solo tiene participación de 38 por ciento, ante el avance de las compañías privadas, y que economistas proyectan que, de mantenerse el ritmo actual, en 2029 sólo tendría una participación de 16 por ciento.

Cuestionó que gobiernos anteriores fueron acabando a la CFE poco a poco, y la reforma pretende evitar su muerte. Replicó que no serán afectados los inversionistas, sino solamente unos pocos fondos de inversión, donde hay intereses económicos bastante fuertes.

El experto en proyectos de energía, Óscar Moreno Silva, consideró que la reforma es “una expropiación de facto”; el coordinador de estudios estratégicos del Centro de Investigación de Historia Económica y Social, Humberto Morales, dijo que en el modelo actual, CFE está obligada a comprar energía a empresas privadas que especulan con los contratos y la iniciativa no trata de regresar al pasado, sino poner orden en el mercado eléctrico nacional.