or las fiestas navideñas y del nuevo año, pasaron desapercibidas dos importantes notas publicadas el 28 de diciembre en La Jornada Baja California por Dianeth Pérez Arreola. Las reprodujo nuestro diario. En ellas detalla los graves problemas de salud que existen en dicha entidad. En la primera nota, Dianeth resume los frutos de una investigación binacional en organismos vivos realizada en Valle Imperial en la que se midió el grado de contaminación en ese emporio agrícola. La investigación estuvo a cargo de la doctora Astrid Calderas, la cual encontró, entre otras cosas, 38 sustancias tóxicas en betabeles cultivados allí. Las había hasta en los dientes de leche de los infantes. También mutaciones en la secuencia de ADN. Uno de los residuos tóxicos encontrados fue el arsénico. La doctora Lilia Albert ha documentado suficientemente los severos daños que ocasiona a la salud de las personas, entre ellos, cáncer.

No es la primera vez que se denuncia la indeseable presencia de los plaguicidas en Baja California. La universidad de dicha entidad alertó hace dos décadas que en el Valle de Mexicali reinaban los permitidos y los prohibidos por la Secretaría de Salud de México, en perjuicio de la población local. Hallaron 50 casos de leucemia. El estudio de la doctora Calderas pone nuevamente el problema en la agenda pública, pues localizó algunas fórmulas químicas, como la de los organofosforados y los organoclorados, en cantidades superiores a los detectados en otras regiones agrícolas del país. Además, señala cómo en Valle Imperial hay más de 20 pistas de compañías aéreas dedicadas a fumigar los cultivos. Almacenan residuos de plaguicidas sin observar las medidas de control ordenadas por la ley.

En la segunda nota, Dianeth informa de los resultados del trabajo que la doctora Calderas hizo sobre los efectos negativos que ocasiona la quema de residuos en áreas donde se sembraron espárragos. Y advierte que al comprobar esos efectos en Valle Imperial, los productores trasladaron los cultivos al Valle de Mexicali. Y aquí siguió la nociva práctica por la cual se libera una enorme cantidad de contaminantes que afectan la salud pública. Entre los males comprobados: menor concentración espermática en varones en lactancia o etapa infantil, cambios en los niveles de hormonas tiroideas, efectos neurológicos en el feto por exposición durante el embarazo, bajos niveles de testosterona, problemas reproductivos en mujeres y menopausia temprana. La Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ya había denunciado los efectos nocivos de las quemas que, además, son innecesarias.

Lo que indigna de los casos anteriores es el silencio de las instancias oficiales. Y además, su desidia para resolver problemas detectados hace 80 años en Baja California y otras regiones donde se aplica desmedidamente el arsenal químico. No está de más ahora que tanto se habla de proteger a los pueblos originarios, recordar los frutos de la investigación realizada en 1989 y 1990 por Mónica García y María Meza, investigadoras del Instituto Tecnológica de Sonora cuando lo dirigía el doctor Óscar Russo. Analizaron en Pueblo Yaqui, en el sur de la entidad, la leche materna de 40 madres y la de sus niños de entre tres y seis meses de vida. Un trabajo en el que también participó personal del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los hallazgos del estudio mostraron niveles de plaguicidas en cantidades muy superiores a las reportadas a escala mundial; algunos, prohibidos internacionalmente. Compobaron que los niños al nacer ya traían, al menos, nueve plaguicidas diferentes, entre ellos lindano, dieldrín, DDT y endrín. Y la leche materna contenía, por lo menos, 14 sustancias igualmente ­peligrosas.

Ahora gobierna Sonora el licenciado Alfonso Durazo, cercano colaborador de Luis Donaldo Colosio, quien, me consta, tenía muy clara la necesidad de terminar con el reinado de los plaguicidas. No solamente en la entidad donde nació, sino en el país. Una tarea en la que sostuvo encuentros positivos con el entonces secretario de Salud Jesús Kumate. En busca de garantizar la salud del pueblo yaqui y de los jornaleros agrícolas, es urgente investigar si ya cambió el desolador panorama que dejan los agroquímicos en Sonora. También en el resto de México.