La política de austeridad promovida por la actual administración se ha visto frenada por los gastos irreductibles que tiene el gobierno federal, entre los que se encuentran las transferencias a estados, las pensiones, el pago de la deuda y su servicio, así como las remuneraciones de la burocracia; rubros que este año absorberán en conjunto 5 billones 849 mil 751 millones de pesos, 82.5 por ciento del gasto público.

Aún con el adelgazamiento del aparato burocrático y las políticas de austeridad implementadas existen recursos insuficientes para alcanzar las metas de crecimiento, disminución de pobreza y en estos últimos dos años la doble emergencia sanitaria y económica, exhibe un estudio Centro de Estudios de las Finanzas Pública (CEFP).

Durante el sexenio pasado estos gastos obligatorios fueron creciendo a un promedio anual de 1.6 por ciento, sin que lo hiciera en la misma proporción el gasto neto total del gobierno federal, el cual avanzó a una tasa anual de uno por ciento. Como resultado, los gastos indispensables pasaron de ocupar 66 por ciento de los recursos públicos que había en 2013, a 68 por ciento en 2018. Lo anterior sin contar las pensiones, las cuales sólo en 2018 llevaron a que los gastos obligatorios ocuparan 83 por ciento del gasto total. Además, en los últimos tres años también han reportado las mayores tasas de crecimiento entre los compromisos financieros que tienen las finanzas públicas.

De acuerdo con el CEFP, entre 2019 y 2021 los gastos obligatorios crecieron a una tasa de 1.6 por ciento, ello sin contar las pensiones, pero una vez sumados los pasivos de retiro el incremento fue de 2.4 por ciento real, mientras el gasto neto total aumentó 2.3 por ciento.

Y, en general, con las medidas de austeridad puestas en marcha en la actual administración se amplió en 0.5 por ciento el margen fiscal fuera de los gastos obligatorios, los cuáles pasaron de 83 por ciento del gasto total en 2018 a 82.5 por ciento en 2022, pero eso deja un margen de menos de una quinta parte de los recursos públicos para inversión en educación, salud, infraestructura y otros ramos de desarrollo social.

Para el presupuesto de 2022, las asignaciones para entidades federativas y municipios representan 34.2 por ciento de los gastos obligatorios; las pensiones y jubilaciones, 19.5 por ciento; las remuneraciones y seguridad social de la burocracia, 17.1 por ciento, y el pago de la deuda pública y adeudos previos, 14.8 por ciento.