La Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el informe preliminar sobre el proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo para la revocación de mandato y su identificación en la lista nominal. Con corte al 19 de enero, se reportaron 3 millones 27 mil 845 registros válidos, que corresponden a 3.29 por ciento de lo requerido.

Asimismo, en 24 entidades de la República Mexicana se ha cumplido con el requisito de 3 por ciento de su lista nominal, lo que supera a las 17 que se requerían.

El presidente de la comisión, Ciro Murayama, destacó que con estas cifras se puede afirmar que la revocación de mandato pasó de ser una probabilidad a un hecho cierto de realización segura e inaplazable. Ante ello, aseguró que el INE va a cumplir con su obligación constitucional de acercar casillas a la ciudadanía para que pueda participar en este ejercicio democrático.

Sobre lo que sucederá con el resto de los apoyos recabados, René Miranda, director ejecutivo de la comisión, puntualizó que en el informe se establecen las razones para proponer en el Consejo General del instituto la necesidad de continuar con la verificación, cuantificación, captura y compulsa de la totalidad de las firmas recibidas, y con ello honrar la voluntad ciudadana de quienes participaron. Lo que tendrá un costo de 6.3 millones de pesos adicionales.

A petición del consejero Uuc-kib Espadas y la consejera Carla Humphrey, quienes manifestaron su preocupación sobre los recursos que se requieren para realizar estas actividades, dado el estrangulamiento económico y porque no se tiene todavía la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para saber si habría más presupuesto, Miranda explicó que el costo establecido contempla concluir los trabajos a finales de febrero.

En esta valoración se deberá considerar que la conclusión de la primera revisión de un poco de más de 3 millones de firmas de apoyo y la segunda revisión de más de 7 millones de registros requeriría dar continuidad a las actividades hasta finales de febrero de este año, por lo que sería necesario autorizar por la Junta General Ejecutiva los recursos adicionales para atender dicha actividad, dijo.

Entre los trabajos que están en desarrollo o por iniciar se encuentra la revisión muestral, la celebración de audiencias sobre firmas no válidas e inconsistencias y la integración del informe final de los resultados.