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Mineros suspenden bloqueo carretero durante una hora
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 21 de enero de 2022, p. 4

Cananea, Son., El bloqueo en la carretera federal México 02 instalado desde el martes por mineros de la sección 65 del Sindicato Minero, en el tramo Cananea-Ímuris, fue retirado ayer por alrededor de una hora para permitir el paso de tractocamiones y automovilistas; a las 16 horas, los manifestantes volvieron a cerrar la vía, a pesar de que hoy una comitiva se reunirá con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador por Morena Napoleón Gómez Urrutia.

Antonio Navarrete Aguirre, vocero de la sección 65, informó que, tras agendar la reunión entre el sindicato y autoridades federales, los mineros inconformes determinaron permitir el paso a los camiones que esperaron por más de dos días en esta vía, con la finalidad de que pudieran pasar también los vehículos de emergencia que se encontraban varados.

En estos momentos (15 horas) abrimos el paso para los tractocamiones a fin de retirar tránsito varado, porque son más de 100 kilómetros de fila. Pero aquí lo importante es que logren pasar los vehículos de emergencia como las ambulancias y pipas con oxígeno y material peligroso, en tanto nosotros volveremos a bloquear en una hora, explicó el vocero de la sección 65.

Cerca de las cuatro de la tarde, los mineros acompañados por sus familias volvieron a impedir el cruce carretero frente a las vías del tren en la salida de Cananea.

El gobernador de Sonora, el morenista Alfonso Durazo Montaño, compartió en su cuenta de Twitter su gestión para llevar a cabo la reunión entre trabajadores del Sindicato Minero con el secretario de Gobernación y la Secretaría del Trabajo.

Antonio Navarrete, en tanto, dijo que Nabor Duarte Herrera, secretario general, y Jacinto Martínez Serna, secretario del trabajo, ambos de la sección 65, viajarían a la Ciudad de México para reunirse con las autoridades a las 14 horas de hoy en las oficinas de la Secretaría de Gobernación.

Los mineros reclaman por el despojo de su contrato colectivo, entregado por el gobierno de Felipe Calderón a Germán Larrea en 2008, lo que dejó sin sustento económico a 670 familias.