Monterrey, NL., La Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) tienen la oportunidad de sentar un precedente sobre la responsabilidad de los servidores públicos con el caso del bebé con discapacidad que el gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, sacaron de la estancia Capullos para convivir con él un fin de semana, sostuvo la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

En rueda de prensa, Tania Ramírez, directora de la agrupación, insistió en que la acción del mandatario y su cónyuge, el pasado 15 de enero, vulneró los derechos del menor al exhibirlo en redes sociales, lo cual posiblemente dejó rédito económico y político a la pareja.

Hay redes sociales monetizadas; las personas que conocemos como influencers obtienen un rédito cada que alguien pone like en sus fotos. Esto se tiene que analizar, recalcó.

Likes a costa de marginados

Aunque el gobernador aseguró el miércoles que el DIF estatal no tiene superiores jerárquicos y por lo tanto ni él ni su esposa pueden ser sancionados, Redim consideró que en el país hay un estado de derecho y “nadie se manda solo.

El quehacer o el poder de una institución no está fuera del ecosistema de la ley únicamente por demarcación geográfica, puntualizó.

En cuanto a la justificación que dio Rodríguez Cantú, de que obtuvo un permiso especial para llevarse al niño del centro de asistencia pública, la directora de la Redim descartó que la ley permita este procedimiento.

No estamos hablando de ese caso. Aquí no hay un vínculo familiar; si bien puede haber empatía, eso no está contemplado en la norma. Lo importante no es cómo ayudo a un niño que acabó en el DIF, sino cómo garantizo derechos para la niñez. La idea asistencialista refuerza la situación de marginación.

El fin de semana García y Rodríguez extrajeron de las instalaciones del DIF estatal a Emilio, un lactante de cinco meses de edad con discapacidad del sistema nervioso, para convivir con él unos días.

Esta acción ha sido criticada por diversas organizaciones, incluso Save the Children, la cual manifestó que se vulneraron los derechos del infante a la vida privada y a la identidad, además de que podría configurarse el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en redes sociales.