El Instituto Nacional Electoral (INE) debe dar vista a la Secretaría de la Contraloría General para que indague el otorgamiento de plazas a quienes aportaron recursos a las campañas electorales de la Unión de Alcaldías (UNA), señaló la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Erika Estrada Ruiz.

En entrevista, la consejera que encabeza el área de fiscalización del órgano local y que anteriormente fue directiva de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, resaltó los esfuerzos realizados en la materia, aunque reconoció que los órganos electorales son incapaces de actuar de manera eficiente cuando se detecta alguna irregularidad, debido a la falta de coordinación con otras autoridades del Estado, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

“En este caso las contralorías deben investigar si no hubo tráfico de influencias, que estaríamos ante un hecho de esta naturaleza que escapa de la fiscalización, pero que al fin y al cabo es parte de la evidencia que tiene el órgano fiscalizador.

Cuando hemos tenido evidencia de cosas que no nos competen a nosotros damos vista a otras entidades. En el caso de las contralorías, ellas pueden actuar de manera oficiosa; sin embargo, he creído que si otras autoridades cuentan con la información no hay que hacerle el camino largo a otras autoridades para que empiecen una investigación de cero, sino que se trata de turnarles el expediente, dijo Estrada Ruiz, quien precisó que las contralorías deben contar con mayores recursos para detectar posibles irregularidades.

Agregó que mientras las labores de fiscalización de todas las campañas electorales del país se concentran en el INE, los órganos públicos locales electorales, como el IECM, también realizan trabajos en la materia que se limitan a las asociaciones locales que buscan convertirse en partidos políticos.

La consejera electoral recordó que uno de los casos más importantes fue el de la agrupación Enréd@te de Miguel Ángel Vásquez, cuyas aportaciones irregulares derivaron en que no se le otorgara el registro y se diera vista al Servicio de Administración Tributaria.

El lunes pasado, este diario publicó que 35 personas que entregaron recursos materiales a las campañas electorales de los alcaldes de Álvaro Obregón, Lía Limón; Coyoacán, Giovani Gutiérrez; Cuauhtémoc, Sandra Cuevas; Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano; Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y Tlalpan, Alfa González, ahora son funcionarios públicos con salarios de hasta 82 mil pesos mensuales brutos.