La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una teoría que considera novedosa en la cual sostiene que los 17 ex funcionarios del sistema penitenciario federal acusados de uso indebido de atribuciones, incurrieron en un esquema que denominan novación, esto significa en términos legales que todos los imputados aceptaron sustituir obligaciones contraídas por las empresas constructoras de los penales por otra, de tal manera que la primera fuera anulada.

Con ese argumento el Ministerio Público Federal pretende sostener que desde 2010 todos han utilizado ese esquema para beneficiar a las empresas, sin embargo, representantes legales de varios de los involucrados señalan que esto es un fraude procesal, porque no presentaron formalmente una teoría del caso o una acusación planteada contra cada uno y ocultaron hasta hoy la manera en que supuestamente todos se habrían confabulado para modificar contratos con el fin de favorecer a las compañías.

Durante una audiencia virtual que se llevó a cabo ayer ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, los abogados sostuvieron que la mayoría de sus representados ni siquiera laboró en 2010 en el sistema penitenciario, ni trabajó con Genaro García Luna, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública federal en el gobierno de Felipe Calderón, y que se hicieron modificaciones en algunos convenios, por ejemplo, porque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó que se cambiara un auditor de obra dado que el Ministerio Público Federal no les entregó todos esos elementos meses atrás.

Hasta el cierre de esta edición seguía la diligencia, pero se estimaba que la defensa pediría la duplicidad del término de 144 horas para que se convoque hasta el próximo lunes para que el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos, determine si vincula o no a proceso a los 17 ex funcionarios del sistema penitenciario federal imputados por causar daño al erario al interferir en licitaciones con valor superior a 270 mil millones de pesos, relacionados con la construcción de ocho centros carcelarios durante las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.