a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo promovido por Grupo Elektra en contra del pago de 2 mil 636 millones de pesos, más intereses y actualizaciones, correspondientes al impuesto sobre la renta (ISR) del ejercicio de 2006. El proyecto aprobado señala que se desechan el recurso de revisión y su adhesiva, por lo que regresará al tribunal de origen, donde ya se había negado a la empresa la deducción del ISR por un movimiento de fusión de algunas de sus filiales. De acuerdo con la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, las compañías propiedad de Ricardo Salinas Pliego deben en conjunto alrededor de 40 mil millones de pesos por impuestos, cuyo pago busca evitar mediante diversos juicios.

Por otra parte, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la resolución del SAT que obliga al Hipódromo de Agua Caliente en Tijuana, propiedad de Jorge Hank Rhon, al pago de un crédito fiscal por mil 187 millones de pesos por omisiones de los impuestos sobre la renta, producción y servicios, aprovechamientos, recargos y multas, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. En este caso, se declararon infundados los argumentos de los representantes legales del hipódromo, quienes pretendían desvirtuar las causas que motivaron la determinación que lo obliga a pagar impuestos.

Ambas resoluciones son dignas de encomio en tanto abren la puerta a la recuperación de recursos que fueron indebidamente escamoteados al fisco y, aun más relevante, porque la recuperación de casi 4 mil millones de pesos del dinero público es un mensaje inequívoco sobre la vigencia de la legalidad fiscal y el fin de los privilegios con que se favoreció a millonarios y grandes empresas hasta el sexenio pasado. No puede soslayarse que durante décadas los grandes causantes se habituaron a no pagar impuestos y que para ello se sirvieron de la laxitud de las propias leyes, así como de poderosos despachos de abogados y contables, todo lo cual los colocaba en una posición de injusta desventaja respecto a los contribuyentes de a pie.

En una perspectiva más amplia, estas trascendentales sentencias invitan a analizar hasta qué punto la evasión fiscal fue en el pasado reciente un factor decisivo en el crecimiento exponencial de las grandes fortunas de un puñado de mexicanos que tuvo lugar a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En efecto, la coincidencia de este auge de multimillonarios con la obsecuencia de las administraciones neoliberales sugiere la existencia de un nexo entre el enriquecimiento desmedido y la práctica sistemática de evasión fiscal facilitada desde el propio aparato estatal.

Es de esperarse, finalmente, que los fallos de la Corte y el TFJA hagan desistir de sus pretensiones a quienes continúan apostando a la complicidad de las autoridades o a procesos legales sumamente engorrosos para eludir sus obligaciones. Este grupo de potentados evasores debe entender que la realidad nacional se ha transformado, cambiar su propia visión y orientar sus ambiciones a la innovación y la sostenibilidad en vez de a la búsqueda de resquicios legales para sustraer recursos al país.