La Fiscalía General de Justicia (FGJ) tiene suscritos acuerdos reparatorios con 80 por ciento de las víctimas directas e indirectas por el colapso de dos trabes metálicas del viaducto elevado de la línea 12 del Metro, aseguró la titular de la institución, Ernestina Godoy.

Al rendir su segundo informe de labores, dijo que los acuerdos cumplen estrictamente con los estándares internacionales, incluyendo el lucro cesante, que es el ingreso que dejaron o dejarán de percibir las víctimas por la pérdida del jefe o jefa de familia proveedor, las medidas que aseguran la salud, educación y la seguridad en la vida presente y futura de las niñas y niños huérfanos hasta terminar sus estudios.

Desde el Museo de la Ciudad de México, recordó que tras el colapso que dejó 26 fallecidos y 98 lesionados a la fecha se ha celebrado un acuerdo reparatorio con la Ciudad de México que incluye la reparación de la línea 12.

Hasta el momento, el dictamen pericial que permitió a la FGJ formular imputaciones a ocho ex funcionarios con facultades para aprobar y vigilar que se cumplieran las especificaciones de la obra no ha sido desvirtuado. Por el contrario, expertos como los de la Universidad Autónoma de Nuevo León lo han confirmado, lo que robustece las hipótesis y conclusiones emitidas por la Fiscalía, insistió al refrendar que las causas obedecieron a deficiencias en el diseño y construcción de la estructura y en la calidad inadecuada de los materiales de la construcción.

En otro tema, destacó que la FGJ encontró evidencia del desvío de varios miles de millones de pesos del patrimonio de la capital de alrededor de 2 mil 554 millones 246 mil 577 pesos por parte de altos ex funcionarios de administraciones anteriores, además de que presumió la detención del ex dirigente local del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

Godoy mencionó que la institución mantiene el compromiso de erradicar la violencia y abuso en contra de las mujeres y menores, por lo que se solicitó, a través de las instancias federales, la extradición de Israel del ex diplomático Andrés Roemer, a quien se investiga por su posible responsabilidad en abuso sexual y violación, así como la detención y vinculación a proceso del ex legislador Benjamín Saúl Huerta, quien enfrenta un proceso judicial por su posible responsabilidad en abuso sexual agravado y violación agravada.

Sobre los ex servidores públicos, acusó que se instauró una maquinaria para extraer el dinero público con dos grandes objetivos: por un lado, enriquecer de forma ilícita y grosera a ex funcionarios y por el otro financiar actividades políticas, sociales y electorales mediante la distribución de cantidades importantes de dinero a personajes políticos, sindicales, columnistas y operadores.

Ante la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que “la corrupción es un delito y su persecución es nuestra responsabilidad, vamos a seguir actuando con energía y sin ninguna consideración política para combatirla y erradicarla.

Hemos acreditado la existencia de delitos graves de corrupción a personas que ocuparon cargos en la Secretaría de Obras, de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Comisión de Reconstrucción, en la Secretaría de Finanzas, en la Central de Abasto, en la Agencia de Gestión Urbana, en delegaciones como Coyoacán de la que recientemente fue aprobada su extradición de Chile, en alusión a Mauricio Toledo.