La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a 17 ex funcionarios del sistema penitenciario federal acusados de uso indebido de atribuciones, por causar daño al erario al interferir en licitaciones con un valor superior a los 270 mil millones de pesos. Tres de ellos responsabilizados de asociación delictuosa.

El caso se trata de las licitaciones para la construcción y administración por empresas privadas de los reclusorios federales en Durango, Oaxaca, Morelos, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán, para los cuales, según la FGR, se pagaron sobreprecios.

En la carpeta de investigación, el Ministerio Público Federal considera que los imputados, con sus acciones y omisiones, habrían causado el daño al erario.

En marzo del año pasado en este mismo proceso se libró una orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública federal, en el gobierno de Felipe Calderón.

Durante una audiencia virtual que se llevó a cabo ayer ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, participaron sólo 17 de los 21 acusados, ya que Jannet Miriam Martínez Sánchez notificó que tiene covid-19, de ahí que, dijo que sus abogados estaban también contagiados.

En el caso del ex director administrativo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Javier Haro de Alva, fue declarado inimputable. Sus abogados notificaron que su cliente estaba sujeto a un proceso de interdicción, es decir presentaron un dictamen de que es impedido para tomar decisiones legales por sí mismo, debido a una condición física o mental.

Según las fuentes consultadas, el Ministerio Público acusó a los funcionarios del sistema penitenciario de seguir con el esquema que creó Genaro García Luna, a quien le atribuyen el daño económico al patrimonio, aunque los ex servidores públicos mantuvieron ese esquema y en él se detectaron irregularidades en la contratación, adjudicación y construcción de los ocho Centros Federales de Readaptación Social que costaron 270 mil millones de pesos al erario.

Durante la audiencia, Óscar Moreno Villatoro, ex director general de administración del OADPRS, junto con dos acusados, solicitaron la palabra y rechazaron las imputaciones en su contra. Otros cuatro manifestaron que los delitos de que se les acusa estaban prescritos y le pidieron al juez que analizara esta situación, no obstante, el impartidor de justicia respondió que eso sólo podría determinarlo hasta que se desahogaran las pruebas. La audiencia continuará este martes a las 10 de la mañana.

Entre los señalados como posibles responsables está Celina Oseguera Parra, quien era directora del penal de Almoloya de Juárez durante la fuga de El Chapo Guzmán, en 2015. También el general Sergio Alberto Martínez Castuera, ex director del Heroico Colegio Militar y ex comandante de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano, que fue coordinador de prisiones federales.