Uno de los mayores obstáculos para combatir la corrupción en México es que, según cifras del Inegi, se denuncia menos de uno de cada cien delitos de este tipo. Pero, de acuerdo con el proyecto del Programa de Implementación (PI) de la Política Nacional Anticorrupción, el problema es más profundo: las denuncias que se presentan tienen una baja calidad, otras llegan a instancias no competentes, se carece de sistemas eficaces de protección a los denunciantes y, aunque la tecnología podría ayudar, sólo cuatro de cada 10 denuncias se presentan por medios digitales.

En 2019 las administraciones públicas del orden federal y estatal recibieron 105 mil 298 denuncias por incumplimiento de obligaciones, que representó 2.5 asuntos por cada 100 servidores públicos. Del total de denuncias, el ámbito federal concentró 32 por ciento, mientras que, de las quejas recibidas por las entidades federativas, la Ciudad de México y el estado de México acumularon 57.7 por ciento, de acuerdo con el Inegi.

En cuanto al curso que siguieron las denuncias, en el ámbito estatal la proporción de quejas o denuncias procedentes fue 10 veces mayor que en el federal. En contraste, nueve de cada 10 denuncias presentadas en 2019 en la administración pública federal fueron determinadas como no procedentes o se encontraban pendientes de atención.

Para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna), responsable del PI, una de las principales etapas a fortalecer en el ciclo anticorrupción es la denuncia.

Estima que en 2018 hubo alrededor de 133 por supuestos hechos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Si esta cifra se compara con la estimación de la tasa de prevalencia de hechos de corrupción por cada 100 mil habitantes realizada por el Inegi (que para el año 2019 fue de 15 mil 732) es posible calcular que en México se denuncia poco menos de uno de cada 100 hechos de corrupción.

Los bajos niveles de presentación de denuncia se deben, de acuerdo con la Sesna, a que 50 por ciento de la población considera una pérdida de tiempo presentar una queja o denuncia por hecho de corrupción.

De igual forma, la evidencia parece indicar la existencia de un problema de recursos y capacidades –particularmente en las unidades de control interno u homólogas– que impacta en las posibilidades de denunciar hechos de corrupción, según el PI.

Además, México carece de un marco normativo y de procedimientos adecuados que protejan efectivamente a personas servidoras públicas y ciudadanos que denuncian hechos de corrupción. Esta situación desincentiva a los denunciantes, dado el alto nivel de peligrosidad que conlleva denunciar, señala el documento.

Por último, se identifica que debido a la baja calidad de las denuncias, las principales problemáticas en la materia llegan a instancias no competentes, por lo que resulta importante establecer un solo punto de entrada de las denuncias por este tipo de hechos a escala nacional, con la finalidad de reducir la tasa de desecho derivado de fallas de procedimiento.