i se cruzan los datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna) con los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), puede estimarse que en México sólo se denuncia uno de cada 100 hechos de corrupción. Además, de acuerdo con el Programa de Implementación (PI) de la Política Nacional Anticorrupción, se carece de sistemas eficaces de protección a los denunciantes, y las escasas denuncias que se presentan tienen una baja calidad o llegan a instancias no competentes.
Según la Sesna, estos bajos índices de denuncia se explican, en parte, porque 50 por ciento de la población considera una pérdida de tiempo presentar una queja por hechos de corrupción, sentir que parece justificado por el dato de que nueve de cada 10 denuncias presentadas en 2019 en la administración pública federal fueron determinadas como no procedentes o se encuentran pendientes de atención. Si bien en el ámbito estatal la proporción de quejas o denuncias procedentes fue 10 veces mayor que en el federal, 57.7 por ciento del total de quejas recibidas por las entidades federativas se concentran en la Ciudad de México y en el estado de México, por lo que esa cifra representa pobremente la situación del resto del país. En sí misma, tal concentración indica las dificultades para interponer una queja en la mayoría de las entidades y la ausencia de una cultura de denuncia que permita, al menos, conocer la extensión de las posibles irregularidades.
En este contexto, el viernes la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a revelar los documentos del caso Odebrecht, en los cuales se incluyen las declaraciones de varios funcionarios y ex funcionarios que niegan haber recibido dádivas relacionadas con las contrataciones entregadas a la empresa brasileña. Las versiones públicas de los archivos se encuentran testadas para mantener el anonimato de los declarantes, pero de las mismas parece desprenderse que la FGR no ha logrado avances sustantivos en el esclarecimiento del capítulo mexicano de la trama de corrupción urdida por la constructora para obtener contratos multimillonarios de varios gobiernos latinoamericanos.
Tanto la información compilada por la Sesna y el Inegi, como las revelaciones en torno a Odebrecht, muestran el tortuoso camino que debe recorrerse para denunciar un acto de corrupción, lograr que se judicialice y obtener una sentencia de las autoridades correspondientes. Dichas complicaciones abonan, a su vez, a la percepción de algunos sectores de la ciudadanía de que no existen avances en este rubro. Cabe esperar que esa apreciación se revierta fortaleciendo y agilizando los mecanismos para denunciar y perseguir la corrupción, a fin de que los ciudadanos encuentren en ellos no una pérdida de tiempo, sino herramientas eficaces en el combate a este flagelo.
