La Paz, BCS., El proyecto de la nueva planta desaladora de Cabo San Lucas, que se encuentra detenido, no depende del gobierno actual, sino de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues el problema es que la obra no se registró ante esa dependencia, a pesar de que la pasada administración de la morenista Armida Castro Guzmán, que impulsó el proyecto, tuvo nueve meses para hacerlo, reveló este viernes el secretario general del ayuntamiento de esa demarcación, Ariel Castro Cárdenas.

El funcionario mencionó que el alcalde morenista Óscar Leggs Castro explora nuevas alternativas para resolver el déficit de agua potable que padecen las ciudades de Cabo San Lucas y San José del Cabo, de 450 litros por segundo.

Dijo que si no es posible la construcción de una nueva planta desaladora, una opción es la ampliación de la que ya está en operaciones para abastecer de agua a la población, con lo cual evitarían el tema del terreno y una nueva licitación.

Luego de estas declaraciones, el presidente municipal de Los Cabos, Leggs Castro, se reunió en la Ciudad de México con el embajador de Israel, Zvi Tal, con quien dialogó sobre la posibilidad de construir una nueva planta desaladora en el municipio de Los Cabos.

El diplomático acordó una visita para febrero próximo a Cabo San Lucas, donde radica una comunidad de israelíes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, al iniciar su mandato, en 2018, dio a conocer que el gobierno federal planeaba destinar mil millones de pesos para la construcción de una desaladora en Los Cabos; sin embargo, el proyecto gestionado por la administración de la presidenta municipal morenista Castro Guzmán, que después renunció a ese partido para ser candidata a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México, fue aprobado por el Congreso local, pero no se concretó.