Enorme deuda con la verdad y la justicia respecto de las desapariciones en México

Marcha por la Dignidad Nacional en 2016. May-ek Querales Mendoza

En México, cerramos el año 2021 con la visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el reconocimiento oficial de más de 90 mil personas desaparecidas y un cálculo aproximado de 42 mil personas fallecidas sin identificar, desaparecidas en el laberinto burocrático que se construye entre los servicios médicos forenses y los panteones municipales.

Aunque la práctica de la desaparición forzada tiene más de 50 años existiendo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional; el crimen no fue reconocido como tal sino hasta 1978, en el contexto de las dictaduras latinoamericanas, y apenas en 2006 la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En México, sin embargo, fue hasta 2017, cuando el trabajo de denuncia y exigencia de justicia de las familias de las miles de víctimas logró la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Si bien la tipificación del crimen es un paso importante, la desaparición de personas es un fenómeno multifacético. Se sostiene sobre un cuerpo concreto sin localizar, pero alrededor de él se despliegan múltiples dimensiones: la cultural, la familiar, la jurídica y la institucional; por mencionar sólo algunas. Es así que la mejor ruta para aproximarse al fenómeno es mediante un diálogo plural que incluya las voces de familiares de personas desaparecidas, coadyuvantes, acompañantes solidarios y personas que desde el ámbito académico buscan construir caminos para que la ciencia esté al servicio de las víctimas y ofrezca vías de atención a la crisis humanitaria que enfrentamos.

Dado que en cada región hay actores diversos involucrados, que emplean modalidades propias y generan regularidades diferentes –que incluso en los mismos sitios, cambian con el tiempo–, el fenómeno de la desaparición en el país no puede ser analizado desde visiones homogéneas o centrales. Son las voces arraigadas en los contextos locales quienes pueden mostrar sus rasgos específicos. Explicar y conocer cómo se ha desarrollado la desaparición exige la participación de muchas miradas, la verdad solo es tal cuando es plural.

Pese a que se han creado algunos esfuerzos institucionales para avanzar en torno a la verdad en casos de desaparición, como son la Comisión para la Verdad en Guerrero, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, y la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990, cuyo decreto de creación se emitió el pasado 7 de octubre de 2021, lo cierto es que la deuda con la verdad que tiene el Estado, es aún enorme. No solo respecto del periodo de la contrainsurgencia, sino también del periodo reciente iniciado con la política de combate a las drogas y que, vistas las cifras, parece no terminar. Uno y otro se encuentran conectados por la impunidad con la cual los gobiernos subsecuentes cubrieron el primer periodo de violencia y que generó el terreno fértil en el que crecieron las violencias y las violaciones de derechos humanos que nos dejaron en la actual crisis.

En este contexto, la sociedad civil –sobre todo la conformada por familiares– se ha fortalecido y ha buscado no solo a las personas desaparecidas, sino también resistir los perniciosos efectos de esa impunidad. Buscan en calles, reclusorios, SEMEFOS, en montes, en el desierto, en los ríos y en el mar. Recaban información, construyen hipótesis, proponen rutas de búsqueda. Impulsan el avance de las carpetas de investigación, recopilan indicios, solicitan peritajes independientes, generan pistas para sus propios análisis de contexto. Intentan tejer alianzas con organizaciones, la academia y con el periodismo comprometidos. Ejercitan la memoria en marchas, actos simbólicos y desde sus cotidianidades para salvar a sus seres queridos de la desaparición completa que es el olvido.

Pero no son ellas, sino el Estado el responsable de buscarlas y encontrarlas. Ese Estado en el que antes como hoy, siguen desapareciendo personas. Ello obedece al carácter continuado de la desaparición, no sólo porque existan nuevos casos, sino porque ésta se prolonga cada día que se ignora el paradero de las personas desaparecidas.

La tarea urgente de las autoridades, las vinculadas con la procuración de justicia (que incluye al personal forense y a las personas peritas), y las judiciales, es abstenerse de formar parte de los dispositivos desaparecedores al evitar actuar con negligencia y romper la trama de impunidad. La justicia es el mejor incentivo para construir la verdad y la mejor garantía de que estos eventos no se repetirán. Por su parte, la posibilidad de reparación exige una atención integral sostenida en el reconocimiento social de las narrativas de la victimización.

Como dicen las familias “las y los desaparecidos son de todos”, necesitamos que haya sentencias por desaparición, que los perpetradores y responsables, incluidas las autoridades gubernamentales involucradas de todos los niveles –como los expresidentes y altos mandos del ejército– sean llevadas a juicio y sancionadas, que se quiebren los pactos burocráticos de silencio e impunidad. Solo así habrán condiciones para la no repetición y la reparación. Y más aún, solo así habrá esperanza de sanar y de pensar un futuro con paz para las siguientes generaciones. •