A dónde van los desaparecidos.Miriam Pascual Jiménez

La ciencia que necesitamos para reensamblar los restos de la violencia

La existencia masiva de fosas comunes y de otras formas de exterminio de restos humanos en México revela la existencia de un proyecto desaparecedor, que implica una inversión importante de recursos materiales, humanos y financieros para hacer posible el ocultamiento de los cuerpos y la evasión de la justicia. Aunque este proyecto se ha ejercido en México desde hace por lo menos seis décadas, los avances de una ciencia independiente comprometida con la justicia son aún tímidos, sobre todo considerando que las necesidades de búsqueda, localización e identificación de restos humanos no han dejado de plantearse, por lo menos, desde los años setenta.

Los equipos independientes de antropología forense en Argentina, Perú, Guatemala y otros países latinoamericanos se formaron justamente en respuesta a la demanda de los familiares de personas desaparecidas. En Argentina, particularmente, la desconfianza de los familiares en el aparato estatal, expuso los límites de la investigación penal ordinaria en contextos de violencia política a gran escala y propulsó la creación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Con su fundación nació el llamado “giro forense”, un paradigma global de tratamiento de graves violaciones a derechos humanos que se extendió hacia otros países de América Latina, Europa y África en contextos pos-conflicto como un esfuerzo global para la recuperación e identificación de víctimas de crímenes masivos.

Aunque la antropología y la arqueología mexicana cuentan con una tradición de más de 100 años, la creación de equipos forenses independientes no ha trascendido como en otros contextos. Quizá sea porque estas disciplinas se han relacionado mayormente con la investigación de hallazgos prehispánicos; la construcción de una narrativa nacionalista y colonialista a partir del conocimiento y patrimonialización de las sociedades indígenas; así como con el desarrollo de una ciencia criminológica al servicio del aparato estatal. Esto podría explicar en parte la falta de reflexión y actuación de los profesionales de estas disciplinas en el campo de los derechos humanos.

Pese a ello, en los últimos 20 años se han fundado en México algunos grupos independientes de antropología forense: el Bufete Internacional de Antropología y Arqueología Forense (BIAAF) en 2001 y el Equipo Mexicano de Antropología y Arqueología Forense (EMAAF), después nombrado Equipo Mexicano de Identificación Humana (EMIH) en 2002. Y más recientemente, tres equipos que permanecen vigentes: el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) en 2013; el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) en 2016; y el equipo de antropología forense del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León en 2019.

Estos grupos han desarrollado metodologías de intercambio de conocimientos para fortalecer las capacidades de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, bajo el principio de que la ciencia no es privativa de los sectores académicos. También han actuado como peritos independientes en la judicialización de algunos casos, aunque su alcance sigue siendo limitado, especialmente por falta de recursos para la investigación.

Además de estas iniciativas, México ha recibido a equipos internacionales en el marco de procesos de colaboración con el Estado o con mecanismos supranacionales, gracias a la inversión de la cooperación internacional. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) han desarrollado diversas labores en territorio mexicano, que incluyen la capacitación a funcionarios públicos, el desarrollo de investigaciones para casos emblemáticos y la asesoría para el desarrollo de planes o políticas de búsqueda y exhumación a nivel nacional o local.

A partir del actuar de estas organizaciones y de los vínculos que han establecido con los colectivos, estos últimos han madurado para hacer valer sus derechos ante las instancias de procuración de justicia y mejorar sus procesos autónomos de búsqueda. Sin embargo, el encuentro entre estos equipos y los colectivos no siempre ha sido armónico. La legitimidad dada por el método científico promueve una idea de jerarquía de saberes que se impone ante la experiencia de los familiares que participan en la exhumación de las fosas. La ‘ciudadanización’ ha sido fuertemente cuestionada por algunos sectores científicos como una forma de ‘brutalización’ y ‘banalización’ del trabajo forense.

Las exhumaciones no son procesos exclusivamente forenses o jurídicos, en ellos también se juega el carácter simbólico, espiritual y político de los cuerpos muertos y de los cuerpos en duelo. Por eso, la ciencia que se necesita para reensamblar los restos que dejan las violencias, debe estar abierta a la diversidad de saberes, ser sensible a la diferencia y contar con recursos suficientes y autonomía, para sobrevivir a los proyectos de cooperación internacional y a los programas estatales de turno, pues la desaparición es un problema que requerirá grandes esfuerzos por muchos años. •