El municipio de Ignacio Zaragoza, en el noroeste de Chihuahua una vez fue faro de la izquierda. Fue de los primeros, si no el primero en ser gobernado por el Partido Socialista Unificado de México, de 1982 a 1985. Antes había sido semillero y refugio de guerrilleros de Madera 65. También ejemplo de organización para la producción a través de la Unión de Ejidos del Noroeste de Chihuahua. Eso ya no existe más. Ha sido borrado por la delincuencia y el terror.
El 14 de diciembre pasado se reportó la desaparición de seis integrantes de una familia de la población Francisco I. Madero, del citado municipio. Se les avistó por última vez el domingo 12 de diciembre. Las personas desaparecidas fueron identificadas como Mabeth Díaz Vázquez, de 36 años; Gustavo Erives Vega, de 33; Maylen Isbeth Díaz, de 41; Yuliana Torres Díaz, de 18, Gael Torres Díaz, de 4 y Keila Erives Díaz, de 5.
Desgraciadamente no es un caso aislado: desde el 2008 en que comenzó la oleada de violencia en Chihuahua, inducida por la declaración de la Guerra contra el Narcotráfico por Felipe Calderón, el Ignacio Zaragoza ha sido especialmente afectado por las incursiones y los enfrentamientos entre grupos delictivos, al punto que algunos habitantes consideran que en este lapso ha sido desaparecido o asesinado el 5% de la población del municipio, que en 2010 rozaba los 7 mil habitantes y según el censo del 2020 era de apenas 5 mil 102.
Lo que más exaspera a los habitantes de esta región es que, a pesar de que se ha establecido en la cabecera municipal un cuartel de la Guardia Nacional, los criminales siguen operando con toda libertad. En nada los ha disuadido la presencia de los efectivos de este cuerpo, algunos hasta señalan que están coludidos con los cárteles.
En estos mismos días, las autoridades estatales han declarado que han emprendido la búsqueda de personas desaparecías –pero no señalan quiénes ni cuántas- en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el “Triángulo Dorado”, uno de los más golpeados por la violencia. Otros municipios rurales donde se reportan desapariciones, además de Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Guadalupe y Calvo, son Bocoyna, Madera, Temósachi, Guerrero, Uruachi y Guachochi.
Por desgracia parece que las desapariciones son una constante en la zona rural de Chihuahua, desde hace más de una década: en diciembre de 2009 fueron desaparecidos tres primos jóvenes, dos mujeres y un hombre, los Alvarado, en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura. Ya hay incluso una resolución de la CIDH al respecto. En junio de 2011 fueron desaparecidos 7 integrantes de la familia Muñoz en Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc. Es precisamente Cuauhtémoc, centro de influencia del oeste y noroeste del estado, donde más desapariciones forzadas se han denunciado en Chihuahua. Otros municipios rurales donde se reportan desapariciones, además de Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Guadalupe y Calvo, son Bocoyna, Madera, Temósachi, Guerrero. Además, hay una cifra negra de desapariciones, es decir, desapariciones que las familias no se atreven a denunciar por temor a las represalias de los criminales. Esto ocurre sobre todo en las zonas más remotas de la Sierra Tarahumara.
Por si fuera poco, en el otro extremo del estado de Chihuahua, en la zona noreste, en la frontera con Texas desde el año pasado se han reportado más de 30 personas migrantes desaparecidas. Provenían de esta misma entidad, pero también de otros estados como Hidalgo y Durango. Intentaban cruzar a los Estados Unidos por la zona desértica de los municipios de Ojinaga, Coyame del Sotol y Guadalupe, D.B. pero no se ha vuelto a saber de ellos. Se piensa que han sido víctimas de la disputa entre los cárteles que se disputan la zona: el de Juárez y el de Sinaloa. A pesar de que los familiares de una de las personas desaparecidas obtuvieron un amparo para que el Estado emplee todos sus recursos en la búsqueda de sus seres queridos, y así lo hicieron diversas corporaciones, hasta ahora no ha habido resultado alguno.
La gran mayoría de las personas desaparecidas desde 2006 son jóvenes, varones. Se trata realmente de un juvenicidio que ha diezmado a los muchachos, sobre todo de las zonas rurales del estado. La sociedad civil se ha movilizado a través de diversas organizaciones para la búsqueda de personas, para la denuncia y la atención a la familia de las víctimas. Sin embargo, no se conoce aún un plan efectivo por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno para poner fin a esta pesadilla que asola el campo chihuahuense. •
