La desaparición forzada se masificó con el neoliberalismo
La desaparición forzada en México tiene una historia que nos remonta a la década de los sesentas, en el contexto de la política de contrainsurgencia y represión en contra de movimientos opositores al sistema económico y político abanderado por el PRI. La documentación de organizaciones de familiares y de derechos humanos suma cerca de 1,200 casos, en los cuales existe una relación directa de la responsabilidad del Estado en la detención-desaparición. Sin embargo, la desaparición forzada como política de Estado no se queda anclada en el marco de la guerra fría y la lucha contra el comunismo, ya que continúa a principios de los noventa con la aparición del EZLN y del EPR, sobre todo en los estados del sureste mexicano, como una política para eliminar, acotar o neutralizar la disidencia política. Cientos de personas, principalmente en el campo, de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, fueron víctimas de este crimen de Estado al ser consideradas bases de apoyo de los movimientos guerrilleros.
Para el 2006, con la “guerra contra el narcotráfico” implementada por el panista Felipe Calderón, la política de desaparición forzada adquiere una nueva característica. Al componente contrainsurgente y de represión política se le suma el del control social mediante el terror. Esta última característica es la que va a ampliar la desaparición forzada a amplias capas de la población: jóvenes, mujeres, migrantes y poblaciones rurales se sumaron aquellas personas que por luchar o por defender los derechos humanos son víctimas de desaparición forzada.
Ahora bien, la guerra contra el narcotráfico amplió y diversificó a las víctimas de este “Crimen de Estado”, pero también diversificó a los autores de esta práctica. Al Ejército, Marina, policías federales, estatales y municipales se les sumaron los grupos paramilitares. Éstos últimos señalados desde el Estado como “grupos del crimen organizado” a los cuales decía combatir, pero que en realidad eran un componente del mismo para lograr el control social mediante el terror. Estos grupos paramilitares, con la aquiescencia o en contubernio con el Estado, ejecutaron de manera extrajudicial y desaparecieron de manera forzada a cientos de activistas que luchaban por el territorio, contra los megaproyectos mineros y eólicos; pero sobre todo, los grupos paramilitares fueron utilizados para reconfigurar económicamente el territorio, desplazar de manera forzada a miles de personas para abaratar la tierra como en el Valle de Juárez, Chihuahua; o para cambiar los cultivos, como el aguacate en Michoacán; o para lograr el monopolio del cultivo, trasiego, venta y consumo de las drogas en distintas partes del territorio nacional.
La razón o la causa de la masificación de esta grave violación a los derechos humanos fue la profundización del neoliberalismo; es decir, existe una causa económica, un modelo de capitalismo que se impuso a sangre y fuego, con medios legales e ilegales, a toda la población, organizada y no organizada.
No es un hecho aislado que Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal, ejecutor de la “guerra contra el narcotráfico”, esté actualmente procesado por narcotráfico. Ni que altos mandos del Ejército durante los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto también tengan acusaciones de narcotráfico en México y en Estados Unidos. Si el Ejército y las Policías fueron la mano diestra con que el Estado practicaba la desaparición forzada de personas, los grupos paramilitares fueron la mano siniestra con que aplicaron ese “Crimen de Estado”. La consecuencia directa fue que la desaparición forzada se masificó.
En el año 2007, la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en Oaxaca, integrantes del EPR, mostró que la desaparición forzada en clave de contrainsurgencia se mantuvo intacta durante casi 40 años.
La desaparición forzada en el 2014 en contra de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, mostró también que la desaparición forzada como represión política seguía vigente.
Por parte de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, del 2006 a mayo del 2021, se tienen documentadas, en clave de represión política, a 194 personas defensoras de los derechos humanos
Del 2006 al 2021, las cifras oficiales señalan más de 90 mil personas desaparecidas, 65 mil de ellas en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, aunque es justo mencionar que esta cifra no hace el desglose de cuántas de estas personas son víctimas de desaparición forzada, desaparición a manos de particulares, personas ausentes y personas extraviadas. Lo cierto de esta cifra, es que son miles las víctimas de desaparición forzada en clave de control social mediante el terror.
Los datos nos dicen que la desaparición forzada ha disminuido con el gobierno de la 4T, al menos con certeza en contra de personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, los grandes pendientes siguen siendo el poder garantizar el derecho a la verdad, la memoria, la justicia y acabar con la impunidad.
Hasta la fecha no se han procesado y sentenciado ni al 1% de los perpetradores intelectuales y materiales por esta grave violación a los derechos humanos y ni siquiera se han dado pasos para investigar a los facilitadores y beneficiarios de las desapariciones forzadas. Tampoco se han desarticulado los grupos paramilitares como el de los “Petules”, en el estado de Chiapas, autores de la desaparición forzada en 2016 de Fidencio Gómez Sántiz, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).
La Comisión de la Verdad recientemente creada por decreto presidencial es importante, pero se queda en un inexplicable 1990, dejando fuera 28 años de terror y represión estatal.
No cabe duda que todavía falta mucho para poder erradicar la desaparición forzada en el país. Se necesita real voluntad política para ello y sobre todo la participación efectiva de las víctimas, las organizaciones y la sociedad en su conjunto. •