El Comité de Desaparición Forzada de Personas en México
La desaparición forzada en México tiene elementos de corte histórico, en el cual la lucha por las libertades políticas estuvo asociada a la violencia del Estado y la lucha armada, adquiriendo una dimensión particular durante la Guerra Sucia, así como en la mal llamada guerra contra el narcotráfico en 2006, que desató el fenómeno de la desaparición entre particulares, vinculada a la corrupción de las fuerzas policiales ligadas al crimen organizado.
La violencia por el control del territorio, la corrupción y la impunidad profundizaron la desaparición forzada en México, la cual impacta directamente a las comunidades indígenas y campesinas y expone la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos, de la tierra y del agua. Por ejemplo: el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha incorporado a 66 colectivos y/o personas defensoras del territorio en 19 estados de la República Mexicana, dentro de los que destacan: Oaxaca, Jalisco, Morelos, Chiapas y Guerrero.
El fenómeno de la desaparición en el ámbito rural atraviesa desigualdades estructurales que generan un alto grado de vulnerabilidad. Por ejemplo, la pobreza y la marginación son aprovechados para cooptar a víctimas de trata de personas en todas las dimensiones: explotación sexual, trabajo forzado, reclutamiento, que muchos casos culminan en desaparición.
A ello se suma el agravio histórico de abusos y engaños, que hace que la denuncia ante las autoridades competentes, en muchas ocasiones, sea tardía para la búsqueda inmediata, abonando en la impunidad para el castigo de este delito.
Durante décadas, el gobierno mexicano pretendió minimizar y ocultar la problemática, estigmatizando a las víctimas, eludiendo su responsabilidad para garantizar justicia, el derecho al retorno digno de las personas desaparecidas con sus familiares, y a la construcción de una memoria social que permita la dignificación de las víctimas
Desde los primeros días de la actual administración se reconoció la crisis humanitaria y de derechos humanos que atraviesa el país, en particular, la crisis de desaparición forzada, que hoy registra más de 96 mil personas desaparecidas y no localizadas.
México se ha abierto al escrutinio internacional tanto del sistema interamericano de derechos humanos como de la Naciones Unidas. El pasado mes de noviembre de 2021, a invitación del gobierno de México, el Comité de Desaparición Forzada de personas de la ONU, visitó nuestro país, se trata de la primera vez que el Comité visita un país desde su creación en 2010. El comité visitó 13 entidades federativas; sostuvo reuniones con 80 autoridades de los tres poderes, con órganos autónomos. Ello incluyó reuniones con 10 gobernadores, con secretarías de Estado, la CNB, el INM, la CEAV, el Sistema Nacional de Búsqueda, el Mecanismo de Protección a Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como las Comisiones de Ayotzinapa y Guerra Sucia. Al igual que con distintos órganos autónomos: FGR, CNDH, INE, INAI.
Se reunió con familiares y sostuvo encuentros con 33 colectivos de víctimas, realizó el acompañamiento en tres búsquedas y una exhumación. Participó en dos visitas a centros de identificación humana, dos visitas a centros de resguardo de cuerpos, así como a cuatro prisiones y tres estaciones migratorias.
El Comité reconoció la apertura del Estado mexicano y la atención al grave problema de desaparición de personas, así como los avances registrados: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Protocolo Homologado de Búsqueda, el fortalecimiento de las capacidades de búsqueda, la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, los centros de resguardo e identificación humana, así como las Comisiones de Ayotzinapa y Guerra Sucia, Mecanismo de búsqueda de migrantes. En particular, reconoció la resolución de la SCJN en favor del carácter vinculante de las Acciones Urgentes del Comité.
Observó que la desaparición de personas prevalece como una práctica asociada a la delincuencia organizada, así como a la actuación de agentes del Estado, en especial en el ámbito municipal, y que el modelo de investigación para la procuración de justicia debe ser replanteado, a partir de realizar análisis de contexto e investigación de macrocasos desde una perspectiva de análisis diferenciado que permite comprender los fenómenos de la desaparición desde las comunidades indígenas y campesinas.
Remarcó la necesidad de fortalecer las capacidades e infraestructura forense, ya que las fiscalías no cuentan con capacidades para resguardar cuerpos no identificados ni con capacidades para su identificación, destacando la necesidad de contar con una base nacional de datos genéticos y con una cedula única de identidad para toda la población.
Se prevé que el informe de la visita se presente ante el Pleno del Comité en marzo de este año, el cual incluirá recomendaciones a diversas autoridades y sobre el grave problema de la impunidad que prevalece en la procuración e impartición de justicia, la falta de coordinación entre fiscalías, autoridades y familiares de las víctimas, el que las fiscalías no asumen su responsabilidad en la búsqueda por una errónea concepción de su autonomía, lo que imita el acceso a la justicia de las víctimas. Lo que puede ayudar a enfrentar la crisis de desaparición e identificación humana que vive el país.
La desaparición de personas exige el esfuerzo coordinado de las instituciones, la sociedad, familiares de las personas desaparecidas y del apoyo internacional para erradicando. El informe será atendido puntualmente, pues como lo ha demostrado el reconocimiento de la competencia del Comité y la invitación a visitar nuestro país, el Gobierno de México da cuenta de su decisión de encarar esta dolorosa situación. •