Por orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe hacer públicas las denuncias penales que haya presentado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y los anteriores cinco titulares del Ejecutivo federal.

Un particular solicitó esta información a la UIF (que encabeza Pablo Gómez Álvarez), que la negó con el argumento de que se trata de información clasificada porque incluye datos confidenciales, y se dijo impedida para emitir cualquier señalamiento sobre la existencia de investigaciones en contra de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto o contra López Obrador.

Ante la negativa a abrir la información, el solicitante pidió la intervención del INAI.

El asunto fue analizado por el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, quien ayer presentó el caso al pleno del instituto.

El comisionado reconoció que cuando una persona es investigada por las autoridades, la información de esas indagatorias es confidencial, pero en este caso, al tratarse de funcionarios que han ocupado la máxima posición en el servicio público del país, se puede hacer excepciones, pues debe anteponerse la rendición de cuentas a otras consideraciones.

El pleno del INAI determinó que por tratarse de servidores públicos del más alto nivel no es procedente la reserva que invocó la SHCP para no entregar la información. Por ello, la UIF deberá proporcionar el número de denuncias que ha presentado entre 2005 y 2021 contra los ex mandatarios y el Presidente ante la Fiscalía General de la República o su antecesora, la Procuraduría General de la República.

La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, consideró que esta resolución se inserta en un conjunto de determinaciones que el pleno de este instituto ha venido emitiendo a lo largo de los años, en las que se ha pugnado por la apertura de la información relacionada con investigaciones abiertas respecto de personas servidoras públicas de alto nivel y también de representantes de elección popular, en las que a través de la aplicación de un test de proporcionalidad se ha superado la confidencialidad.