as posibilidades de la profesora Delfina Gómez Álvarez de ser candidata por segunda ocasión al gobierno del estado de México han sido impactadas por el resolutivo del tribunal electoral federal que confirmó y castigó en términos pecuniarios a Morena (en ratificación de anterior decisión tomada por el Instituto Nacional Electoral) por las maniobras de retención de ingresos económicos de trabajadores del municipio de Texcoco para propósitos de financiación partidista que no fue debidamente reportada ni justificada.

Los descuentos en mención fueron realizados durante la presidencia municipal de la profesora Delfina (en la que durante un tramo fue secretario del ayuntamiento Horacio Duarte, ahora director nacional de Aduanas) y su posterior campaña para diputada federal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó, por unanimidad de votos, las maniobras realizadas en el ámbito municipal, mas no en la campaña federal mencionada (https://bit.ly/3GAsjxW).

El castigo se dirige a Morena, no personalmente a la actual titular de la Secretaría de Educación Pública, cargo que la mexiquense ha ejercido de manera discreta (para usar un eufemismo), casi como si fuera solamente una sala de espera rumbo a los comicios que en 2023 relevarán al priísta Alfredo del Mazo Maza.

El tema de esos diezmos ha sido tratado en varias entregas de esta columna, siempre con el señalamiento de las asiduas prácticas clientelares del Grupo de Acción Política, fundado y dirigido por el médico Higinio Martínez Miranda y al que han pertenecido la ahora secretaria del gabinete obradorista, la profesora Delfina, y el abogado Duarte. Ha de decirse que esa imposición de descuentos a empleados de instituciones públicas, para apoyar a la causa, es una costumbre sumamente extendida en todos los partidos políticos, pero no comprobada judicialmente, como sucede ahora en el caso mexiquense.

Con esta resolución, la secretaria Gómez Álvarez queda en mal acomodo político, con magros resultados en su gestión en la SEP y ahora con la confirmación tribunalicia de las maniobras realizadas en Texcoco. Su propio jefe político inmediato, el senador Higinio Martínez, ha hecho saber que también aspira a la candidatura morenista en el estado de México, junto con el abogado Duarte.

En otra resolución del tribunal electoral federal, la polémica Yeidckol Polevnsky Gurwitz recuperó sus derechos partidistas, que le habían sido suspendidos durante seis meses por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. La reivindicación de la ex presidenta sustituta del partido guinda no se dio por considerarla inocente de las acusaciones que le hicieron, de desatender citatorios de esa CNHJ para informar sobre maniobras inmobiliarias muy irregulares, sino por el tiempo transcurrido sin que se activara ese proceso.

En ese extrañísimo caso de inactividad (465 días) entre una diligencia y otra está una clave del enredo: ¿quién ordenó en Morena que se frenaran los mecanismos internos durante un año y 100 días, con lo cual se le permitió a Polevnsky sin impugnaciones ser candidata plurinominal a diputada federal, cargo que ahora ejerce, y ver pasar el tiempo sin resolver el caso que implica centenares de millones de pesos gastados de forma inconsulta e inexplicada? Por lo demás, recuérdese que este mismo expediente con tufo a corrupción inmobiliaria fue presentado por la directiva de Morena a la Fiscalía General de la República, en demanda de acción penal contra Yeidckol.

Y, mientras el INE ha lanzado a la Secretaría de Hacienda la solicitud de 1.7 mil millones de pesos más para realizar el ejercicio revocatorio, ¡hasta mañana, con el gobierno de Veracruz y la fiscalía estatal de justicia aceptando la salida que les ofreció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para recular en cuanto al repudiable delito de ultrajes a la autoridad!

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