n nuestros días, nadie en su sano juicio puede soslayar la importancia que tiene el acceso a la información pública como una de las condiciones sustantivas para mejorar la calidad de la democracia y reafirmar el derecho de la ciudadanía sobre el ejercicio del poder público. Los gobernados requieren información para evaluar críticamente a sus gobernantes y exigirles cuentas. En esa lógica, de acuerdo con Norberto Bobbio, no hay democracia que pueda excluir de sus connotados la visibilidad o transparencia del poder. Además, como afirma el mismo autor, la democracia es “el gobierno del poder público en público. Puesto que en la democracia el poder emana del pueblo, los gobernados necesitan conocer las acciones de los gobernantes para evaluar su desempeño, sobre todo en casos donde emanan cuestionamientos respecto al correcto desempeño de determinada funcionaria o funcionario de Estado. He ahí que se hace imperante que un gobierno democrático disponga de información acerca de sus responsabilidades, actos, decisiones, datos, recursos, planes, etcétera, y de los medios idóneos para garantizar su acceso.

La posibilidad de someter los actos de gobierno –en concreto de sus servidoras y servidores públicos– al escrutinio público también contrarresta viejas prácticas del gobierno que se escudan en la opacidad y en artimañas políticas. La transparencia de las actividades gubernamentales incentiva que la ciudadanía cuente con mecanismos permanentes para fortalecer la gestión pública, señalando aquellas actuaciones o políticas que no cumplen con las expectativas y reclamando soluciones al corto y mediano plazos. Para que el ejercicio de la transparencia realmente funcione, se requiere también una ciudadanía atenta, informada y consciente de sus derechos. Nuestro país, durante más de 70 años, se caracterizó por ser, en sus instituciones y en los hechos, un régimen autoritario que limitaba (y violaba) el ejercicio de los derechos humanos de las y los mexicanos, lo que obstaculizaba toda posibilidad de que la democracia en México fuera una realidad, sin la existencia de sus elementos más básicos que hoy nos parecen tan comunes, como es el ejercicio del derecho a la información y la rendición de cuentas, que son de experiencia reciente en nuestro derecho mexicano.

En ese sentido, cuando el sistema no ofrece garantías de transparencia, comienzan a proliferar las malas prácticas. El manejo espurio de los fondos públicos tiene, evidentemente, costos sociales y económicos, pues los recursos que deberían ser destinados a atender las necesidades de los grupos de la población más vulnerables, como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a una vida libre de violencia y libre de corrupción, entre otros, son desviados de manera impune para financiar complejas estructuras ilícitas y fortunas personales.

Sin embargo, la falta de transparencia tiene efectos a largo plazo aún más preocupantes. Si las prácticas corruptas persisten en el tiempo, sin investigación y castigo o el deslinde de responsabilidades, entonces se destruye uno de los fundamentos de la democracia: la confianza de la ciudadanía. El sistema representativo que predomina en nuestro país está basado en la delegación de esa misma confianza, del pueblo hacia el gobernante. Si ese vínculo se fractura, la democracia se resiente. Por ello, tenemos que continuar trabajando para que el principal problema de nuestro país, la corrupción, no se aloje en espacios vacíos de poder, del escrutinio de la población. Es preciso, por lo tanto, fomentar la cultura de la transparencia cada día y mejorar los actuales sistemas de transparencia y combate a la corrupción con el fin de hacerlos viables.

A manera de conclusión y para ejemplificar lo anterior, como ex funcionario público, estoy comprometido a la transparencia y rendición de cuentas, como lo manifesté en mi declaración de conclusión del cargo. Reitero que, en congruencia con mi trayectoria profesional y convicciones personales, he declarado todos los bienes de los que soy propietario, así como los de mi esposa; incluí por supuesto el crédito hipotecario que tenemos en conjunto y los créditos que contraje de manera personal, cuyos ingresos son verificables y tienen su origen en fuentes legítimas. No es ilegal tener ingresos legítimos por otras vías en la mayoría de los cargos públicos, solamente lo es en aquellos donde la Constitución prohíbe expresamente recibir otro cargo o comisión, o que exista conflicto de intereses. En mi paso, por mi experiencia profesional reciente, me tocó ver casos como los que he señalado, donde se movían millones de pesos en un solo día para la adquisición de bienes inmuebles; casos en los que llegamos a tener gobernadores con 32 yates o personas cercanas a los círculos de poder que no declaraban casas millonarias adquiridas en Estados Unidos. La pregunta es: ¿qué tipo de persona funcionaria queremos? ¿La que declara todo hasta su último ingreso público y privado?, o ¿la que elude este tipo de controles aquí y en el extranjero?