n el campo de las políticas públicas puede darse la situación paradójica de que ciertas medidas que se adoptan posiblemente sean esenciales y apropiadas y que, al mismo tiempo, resulten inadecuadas para el propósito final que persiguen.

Este asunto ha sido tratado en el caso de la crisis financiera de 2008 generada en Estados Unidos. La condición clave entonces era el exceso de deuda que se había creado. El origen no estaba en un sistema financiero dañado, sino en la severa contracción del crédito ocurrida como reacción al sobrendeudamiento, incluyendo el que se había extendido entre las propias instituciones financieras.

El colapso se produjo cuando las deudas, principalmente asociadas con el sector hipotecario, no se pudieron pagar. El abrupto cambio en el precio de los activos –primordialmente los bienes raíces– en relación con la deuda existente se propagó en los mercados sin que se resolvieran meramente en el sistema financiero. El ajuste tenía que ser más profundo y se manifestó en la recesión, que se extendió de manera desigual hasta 2015. Los costos del ajuste recesivo fueron desiguales y expresaban la condición de que el sistema financiero puede expandirse en demasía sin un correspondiente beneficio social.

En México, el gobierno ha montado una extensa estructura de ayudas a diversos segmentos de la población en condiciones precarias y vulnerables. La medida es en principio necesaria y oportuna y se postula con un carácter prioritario, diverso, eficiente y eficaz. Es el núcleo de la política pública. Mantiene algunos de los vicios anteriores.

El Coneval ha elaborado un inventario de 123 programas y acciones federales de desarrollo social 2020-2021 donde se muestra su carácter y alcance. Identifica, además, mil 444 programas en el inventario estatal y 6 mil 829 en el municipal, lo que da un total de 8 mil 396 en el país. (https://www.coneval.org.mx/evaluacion/ ipfe/Paginas/default.aspx).

La gestión de los programas federales y de los fondos involucrados son asuntos por sí mismos relevantes. La cuestión involucra lo que corresponde a su alcance, que está determinado por la propia definición de su objetivo, por el monto de los recursos que se asignan y la forma en que se administran. En este sentido, hay una primera diferenciación entre los distintos programas. Es necesario evaluar el origen de los fondos que se asignan, su destino y la manera en que se prevé que se sostengan en el tiempo. El tema es de índole presupuestal en un horizonte de restricción de recursos.

La sustentabilidad del bienestar social requiere de esquemas de apoyo diversos y de carácter directo y focalizado. Tiene que ver con su efectividad e, igualmente, con su suficiencia. Y el caso es que por su propia naturaleza no pueden ser suficientes para conseguir y sostener un nivel deseado más alto de bienestar.

Mírese, por ejemplo, la medida muy relevante de índole económica y social hecha por el gobierno sobre el alza de los salarios mínimos. Esta acción apunta al ámbito de los ingresos del trabajo, de naturaleza muy distinta a las transferencias que son la forma preferida de apoyo social. Las consecuencias políticas que se derivan de ambas son, también, diferentes.

La cuestión tiene que ver con la reproducción de las fuentes de ingreso de las familias, con su inserción el proceso de generación de riqueza y del financiamiento del Estado y las modalidades de gobierno. Involucra al impacto que pueden tener en los patrones de la distribución de una manera funcional distinta a los programas de ayuda, que deben tener una directriz específica, acotada para afianzar y sostener el bienestar.

Los salarios más altos, las mayores prestaciones que éstos acarrean y la dinámica en materia de producción que representan, sólo pueden ampliar su impacto positivo en la medida en que haya más gente empleada de manera formal y en actividades con más alta productividad y mejores remuneraciones. Para eso es indispensable una mayor inversión, una inserción eficaz en las corrientes productivas a escala nacional e internacional. El entorno productivo y laboral en esta economía sigue marcada por un alto nivel, 56 por ciento, de informalidad en el mercado laboral.

El elemento clave de la suficiente inversión pública y privada en el marco de una estrategia de desarrollo es el factor escaso. La política de inversión que impulsa el gobierno como elemento preponderante de una estrategia económica no garantiza los montos necesarios de inversión total y su uso en actividades, sectores y mercados que sostengan el crecimiento del producto, del empleo, así como de los ingresos familiares y del propio gobierno.

Hoy, la situación productiva y distributiva en el país se complica, además, con la elevada inflación y sus secuelas. El rendimiento real de las ayudas públicas disminuye para sus receptores. No han de confundirse las cuestiones monetarias que entraña la situación con las medidas de orden fiscal y presupuestarias que sostienen a los programas sociales.

El bienestar en una sociedad como esta hay que generarlo, afianzarlo y sentar las bases para reproducirlo de modo ampliado. Los programas del gobierno serán mucho más eficaces cuando puedan dirigirse a aumentar la resiliencia social en un marco de expansión productiva y de mayor capacidad de consumo de la población.