Con 37.8 millones de personas de entre 12 a 29 años, es decir, 30 por ciento de la población del país, México es la segunda nación con mayor número de jóvenes en América Latina. El Programa Nacional de Juventud 2021-2024, que entró en vigor este primero de enero, propone una nueva política que busca eliminar las principales barreras y carencias que enfrenta este sector de la población.

El documento, elaborado por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), propone seis objetivos prioritarios: promover la participación de los jóvenes en asuntos públicos; disminuir su discriminación; promover su derecho a una vida en paz y libre de violencia; hacer efectivos sus derechos sociales; facilitar sus procesos de emancipación y construcción de autonomía, así como propiciar que accedan a espacios adecuados y habitables.

En su diagnóstico, el Imjuve destaca que las personas jóvenes en México “se desenvuelven en realidades muy distintas, influidas por las especificidades económicas y socioculturales de cada región geográfica, con importantes diferencias entre los estados del país.

Esta situación se vuelve aún más compleja si se considera que al interior de cada región las personas jóvenes afrontan múltiples adversidades marcadas por su lugar de residencia, las relaciones de poder dominantes en sus entornos cotidianos o el poder adquisitivo de los hogares de los que forman parte. Entre otros más, estos elementos configuran las aspiraciones y posibilidades del proyecto de vida de las personas jóvenes.

Agrega que la principal problemática entre los jóvenes en México son los grandes obstáculos que enfrentan para el ejercicio pleno de sus derechos, pues se estima que 42.4 por ciento viven en pobreza multidimensional.

A ello se suman las brechas de desigualdad motivadas por razones de género, pertenencia étnica, edad, origen socioeconómico, discapacidad, entre otras. Las personas jóvenes, en su calidad de grupo históricamente discriminado, enfrentan condiciones cada vez más agudas de pobreza, violencia y exclusión sistemática, señala el informe.

La propuesta para afrontar estos desafíos incluye, entre otras acciones, promover la participación política de los jóvenes, pero también fortalecer los espacios de organización colectiva en la escuela a través de consejos escolares y asambleas estudiantiles, fomentar su participación en el servicio social y militar, así como en toda actividad que fomente el bienestar colectivo y comunitario.