Es urgente una reforma a fondo a la Ley Minera para que el Estado mexicano recupere un sector fundamental, que representa un negocio de 100 mil millones de dólares al año, con el que se benefician empresas nacionales y extranjeras, las cuales poco aportan al desarrollo del país y, en cambio, contaminan el medio ambiente, explotan a los trabajadores, ponen en riesgo su salud y especulan con las concesiones que obtuvieron hasta por 100 años, advirtió el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia.

En entrevista, precisó que ya tiene un borrador de una nueva legislación que corregiría viejos vicios y normas laxas que los gobiernos del PRI y el PAN establecieron para beneficiar a las grandes corporaciones mineras que, de acuerdo con datos oficiales, se apoderaron de 60 por ciento del territorio nacional a través de concesiones sin control, que en muchos casos ni siquiera explotan.

El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que no se otorgarán más concesiones mineras y ello es muy importante, pero se requiere regular las que ya existen, que ocupan 120 de los 200 millones de hectáreas que conforman el territorio nacional.

Un cambio que no puede postergarse, explicó, es modificar el periodo por el que se otorgan las concesiones, que en la actualidad es de 50 años y otros 50 más por renovación. Las tienen hasta por un siglo, muchas de ellas ociosas y prefieren venderlas, con lo que obtienen ganancias enormes. Se dan los casos de mineras extranjeras que especulan con las tierras porque después de tantos años consideran que son los dueños.

Se creó un mercado paralelo de compra y venta de tierras mexicanas, con potenciales recursos mineros en algunos casos ya cuantificados, y eso debe detenerse, resaltó el también dirigente del sindicato minero.

Abundó que otra modificación necesaria es reintegrar a la ley la disposición de que si dos años después de entregarse la concesión no se explota, automáticamente se cancela.

Se requiere también revisar la política fiscal para esa industria y, de entrada, ajustar los pagos de los derechos por las concesiones, que son muy bajos, e incrementar los gravámenes, debido a que la tasa impositiva a la producción minera en México es de 7.5 por ciento, mientras en países como Perú, Bolivia y Chile se ubica entre 25 y 30 por ciento.

El senador Gómez Urrutia expuso además que se requiere reglamentar los términos en que se explotan las concesiones. Cuidar donde van a operar, que generen empleos, de preferencia locales, ya que los recursos mineros se encuentran en regiones aisladas, y cuidar el medio ambiente, porque en los últimos años hemos visto una gran cantidad de derrames en ríos y lagunas, más otros eventos que han generado contaminación.

La minería, expuso, genera 400 mil empleos directos y 2 millones de forma indirecta; además de que aporta alrededor de 3.5 por ciento del producto interno bruto, es una actividad indispensable para el desarrollo industrial del país, pero se necesita una revisión completa de la forma en que debe crecer y no sólo buscar la ganancia y el beneficio rápido, como se ha venido haciendo. De tal manera que los tres hombres más ricos de este país: Slim, Baillères y Larrea son empresarios mineros.

El senador Gómez Urrutia confío en lograr sensibilizar no sólo al gobierno federal, sino también a los legisladores de la importancia de reformar la Ley Minera, con el fin de que el Estado mexicano recupere el control de sus recursos naturales no renovables, entre ellos de litio, que es un metal estratégico.