pesar de los esfuerzos que se hacen desde diferentes sectores, la guerra en México sigue. Basta con mirar lo que sucede en Zacatecas, Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Tamaulipas, Sonora y en casi todo el país. Muchos son los dolores, pero también las resistencias, que provoca la continuidad de la guerra. Ahí están las miles de familias que todos los días salen a buscar a sus seres queridos desaparecidos o las familias con hijas víctimas de feminicidios que siguen organizándose y tejiendo lazos entre ellas o los que tienen familiares presos, como falsos positivos, casi siempre sujetos a tortura. La guerra continúa y los dolores y resistencias que provoca desbordan los sótanos mediáticos donde pretenden ocultarlas.

En el estado de Guerrero, la guerra, esa vieja conocida de los pueblos, sigue. Así lo demuestra el informe Crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos contra las comunidades indígenas del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), elaborado y publicado recientemente por la Misión Civil de Observación-Sexta (https://bit.ly/3sJHqRO). El informe documenta, a través de 119 testimonios, las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen contra las poblaciones de 24 comunidades, la mayoría de ellas nahuas, que habitan en la Montaña Baja de Guerrero; particularmente en los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera, en los que tiene presencia el CIPOG-EZ, organización que se articula con otros pueblos originarios en el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno.

El informe documenta cómo opera en Chilapa de Álvarez el grupo criminal Los Ardillos y su brazo civil armado Paz y Justicia. Dicho grupo tiene como principal actividad la siembra y comercio de drogas, actividad para la cual ejerce un control del territorio basado en la violencia y los desplazamientos. Los Ardillos también controlan la explotación minera y forestal de la región. El poder de este grupo es de tal alcance que llega a imponer candidatos y presidentes municipales, al tiempo que cuenta con enlaces con otras esferas de gobierno, utilizando principalmente al PRD para hacerse de recursos económicos y también de protección política y jurídica.

Este vínculo entre crimen organizado-Estado-empresa extractiva, nos permite hablar no de un narcoestado o Estado capturado, como suele insistirse en distintos espacios mediáticos, sino de una criminalidad de Estado o Estado criminal, término que utilizamos para referirnos a ese fenómeno donde intereses de personas y grupos del crimen organizado se combinan y empatan con los intereses de las clases dominantes y sus instrumentos y operadores políticos. Desde luego este fenómeno no es particular de Guerrero y tampoco es generalizable a todo al aparato burocrático del Estado mexicano, pero ayuda a señalar que es ahí donde anida y se reproduce esa conjunción de intereses y que es sin duda una de las causas que explican la continuidad de la guerra.

Otro de los elementos que vale destacar de dicho informe es la clasificación del grupo Los Ardillos, y en particular a su brazo armado Paz y Justicia, como un grupo narcoparamilitar. Como se sabe, los grupos paramilitares son grupos entrenados, financiados o permitidos por distintos gobiernos en México, en particular por su aparato militar, para combatir las resistencias de los pueblos y sus organizaciones. Ahora estaríamos frente a una especie de violencia paramilitar subrogada, una en la que ya sea por acción, omisión o aquiescencia, se garantiza la impunidad y libre operación de grupos del crimen organizado que hacen las tareas que antes realizaban instituciones estatales.

El informe documenta 56 asesinatos, desplazamientos forzados o cómo los pueblos fueron orillados al cultivo de amapola. También informa sobre la situación de infantes con padres desaparecidos, desplazados o asesinados; cercamientos e impedimento de libre tránsito que frenan el acceso a la educación, a la salud y a la alimentación. Igualmente se hace énfasis en muchas otras expresiones de violencia indirecta que no son fácilmente perceptibles, pero que atacan la reproducción cultural y material de la vida.

Hablar de guerra de exterminio para algunos parece exagerado o injustificado, pero cuando se revisan las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que contra los pueblos de Guerrero se arremeten, se entiende el peso de esas palabras.

Frente a ese escenario éstos tienen dos opciones: rendirse y morir o defenderse y luchar por su vida. El CIPOG-EZ ha elegido la segunda y para ello se hacen cargo de su propia seguridad y justicia, intentando desde ahí construir un proyecto alternativo. En estos días en que los buenos deseos inundan nuestros hogares, sería bueno desear un país en paz, con justicia y dignidad para todos y todas.

* Sociólogo

Twitter: @RaulRomero_mx