Un juez de control vinculó a proceso a Eduardo Zayas Dueñas, presunto propietario de cinco empresas fachadas que creó para cometer el delito de fraude agravado contra pequeños inversionistas, nacionales e internacionales, y organismos oficiales como la Secretaría de Movilidad, a la que ofreció sustituir los taxímetros de 138 mil taxis por tabletas para que compitieran con el servicio de traslados vía plataformas digitales.

En la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el impartidor de justicia calificó ésta de legal, la cual fue realizada por elementos de las fiscalías generales de Justicia de la Ciudad de México y de Quintana Roo, y por efectivos de la Guardia Nacional.

Además, impuso a Zayas la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que cumplirá en el Reclusorio Sur, mientras concluyen los tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El 24 de diciembre, el empresario de 49 años fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún, proveniente de un vuelo de Miami, Florida, ya que se contaba con una ficha roja de la Interpol y alertas migratorias del Instituto Nacional de Migración.

Tras ser identificado plenamente, fue informado de la orden de aprehensión en su contra y trasladado al Reclusorio Sur, donde fue puesto a disposición del juez que lo requirió, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con las investigaciones, el 17 de junio de 2016, la empresa Servicios Digitales Lusad recibió la concesión de la Semovi para instalar taxímetros digitales y una aplicación tecnológica llamada Libre para solicitar este servicio de forma remota.

El proyecto le fue asignado seis meses después de creada la empresa y pese a que el comité adjudicador de concesiones de la dependencia –encabezada entonces por Héctor Serrano– recibió siete ofertas para modernizar los taxímetros.

Además, se le autorizó instalar una plataforma GPS, wifi y un botón de pánico en los taxis para enviar una alerta al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) en caso de enfrentar los pasajeros una emergencia.

Dicho proyecto fue frenado en mayo de 2018, cuando había instalado mil 200 aplicaciones y entregado 2 mil tabletas, por tratarse de una práctica monopólica y fuera de las atribuciones del titular del organismo público emisor, según determinación de la autoridad judicial federal.

Las indagatorias señalan que en enero de 2014, el empresario y otra persona presuntamente invitaron a una mujer a invertir en una compañía siderúrgica y pudieron haberle ofrecido acciones en la misma, lo cual no sucedió y al final ella los denunció por fraude.

En julio de 2016, Eduardo N fue ingresado al Reclusorio Norte por estar relacionado con averiguaciones previas iniciadas por el delito de fraude genérico, para lo cual utilizaba diversas empresas fachadas.