Las denuncias penales que se interpusieron ante la FGR contra seis consejeros del INE que aprobaron aplazar la fecha de consulta de revocación constituyen una intimidación, así como una amenaza y un ataque injustificado a la autonomía y a la independencia de sus integrantes, afirmó la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA).

Cualquier actuación podría considerarse como una persecución a la autoridad electoral por la toma de sus decisiones en el ejercicio de sus atribuciones y añadió que las instancias penales no son la vía para resolver los diferendos que pudieran existir, particularmente cuando no se advierten ilicitudes en este tema.

Los consejeros han actuado y tomado decisiones en el contexto de sus atribuciones y en ejercicio de la independencia y autonomía que la Constitución les otorga. El uso inquisitivo de las instancias penales y de procuración de justicia no es propio de una democracia.