a paz la va- mos a dar nosotros (…) metiste a gente de fuera a querer controlar la ciudad, cuando en Iguala tenemos a gente competente y capacitada para eso (…) siéntate a arreglar con los dueños de la plaza si no, uno por uno van a ir cayendo”. Este mensaje fue difundido en un video por el grupo delictivo La Sierra y va dirigido al nuevo presidente municipal de Iguala, David Gama Pérez, quien rindió protesta el 30 de septiembre. Ese día dejaron un coche frente a su casa de campaña con cuatro cuerpos. También apareció otro video de Los Tlacos en el que interrogan a supuestos integrantes de otro grupo antagónico conocido como La Bandera, comandado por Chucho Brito.

Estas acciones criminales forman parte de las disputas territoriales y el reacomodo de bandas que irrumpieron después de los cambios de autoridades municipales en el estado de Guerrero. En los 16 municipios de la zona norte sobresale Iguala de la Independencia, donde a pesar de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la disputa por la plaza ha costado mucha sangre y se ha incrementado el número de desaparecidos. El colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, desde noviembre de 2014 hasta mediados de junio de 2021, ha encontrado 243 osamentas humanas y fragmentos en varios puntos de la periferia de esa localidad. En ese periodo lograron identificar a 68 personas y 52 fueron entregadas a sus familiares.

La estructura macrodelictiva se mantiene intacta en la zona norte de la entidad. Las autoridades de los tres niveles de gobierno son incapaces de tomar el control de los municipios y de la región. Hay mandos del crimen organizado que desafían a las autoridades locales, se desplazan armados por carreteras y caminos de terracería e imponen su ley en los poblados pequeños. En las principales avenidas y calles de Iguala causan terror porque de manera intempestiva llegan en motocicletas para asesinar a personas que laboran en sus negocios o domicilios.

Los municipios de Cocula, Teloloapan, Taxco de Alarcón, Apaxtla de Castrejón y Huitzuco de los Figueroa sobresalen por la violencia e inseguridad impuestas por Los Tlacos, La Bandera, Gente Nueva, Guerreros Unidos y La familia michoacana. En Huitzuco, la delincuencia ha impuesto un toque de queda, desafía al Ejército y a la Guardia Nacional. En Teloloapan, los grupos del crimen tienen el control del municipio, lo mismo en Apaxtla, Cocula y Cuetzalan del Progreso. Es un enclave que mantiene vínculos con la zona serrana. En la parte norte tienen comunicación con Morelos, principalmente Cuernavaca.

Iguala es un paso obligado hacia la región de Tierra Caliente, donde se encuentran asentadas varias organizaciones criminales que extienden su control a Michoacán. Pungarabato, cuya cabecera es Ciudad Altamirano, está controlado por La familia michoacana. Los principales giros comerciales los administra el crimen organizado y en varios municipios de Tierra Caliente tienen el control de los gobiernos municipales. La población está sometida a las decisiones arbitrarias impuestas por ellos. El pago de piso se ha generalizado para asegurar sus ingresos y son comunes los retenes en las salidas de las principales cabeceras municipales. Los patrullajes están a cargo de los grupos delictivos que tienen muy delimitados su territorio. Predominan La familia michoacana, los Caballeros Templarios y en los últimos años ha incrementado la presencia del cártel Jalisco nueva generación que ha incursionado en varias regiones del estado. Poco se sabe de lo que acontece en las comunidades que no se han liberado de este flagelo, la Guardia Nacional difícilmente recorre esos lugares, los asesinatos de autoridades y candidatos fueron recurrentes en la pasada contienda electoral. Su colindancia con Michoacán y la región serrana de Guerrero, en la parte de San Miguel Totolapan, ha colocado a la Tierra Caliente, rica por sus actividades agrocomerciales y ganaderas, en una ruta estratégica para el trasiego de la droga y la venta de armas. Forma parte de las regiones del silencio, donde los periodistas ejercen la autocensura para salvar sus vidas.

En Zirándaro, Coyuca de Catalán, Arcelia y San Miguel Totolapan se han suscitado conflictos de índole político electoral como parte de la disputa de los poderes locales que se dirime entre los delincuentes atrincherados en los mismos partidos políticos. Las comunidades rurales de la zona serrana de San Miguel Totolapan enfrentan el asedio del crimen organizado, que además de controlar los caminos pedregosos de la sierra se han propuesto saquear la madera ignorando los acuerdos de asamblea que han asumido los ejidatarios. Esta disputa por el control del bosque ha costado la vida a las autoridades agrarias y comisarios municipales por asumir la defensa de sus territorios. En la parte alta que colinda con Coyuca de Catalán se han registrado enfrentamientos entre los ejidatarios y grupos del crimen organizado. A pesar de que las autoridades comunitarias han solicitado la presencia de la Guardia Nacional y de la policía del estado, las familias desplazadas no han encontrado la protección que esperaban. La ausencia de las instituciones es secular. Es una región inhóspita y olvidada que se pobló con familias de pastores, quienes abandonaron esta actividad con la conformación de nuevos ejidos, ahora sobreviven de la siembra del maíz de temporal, la producción de mezcal, la venta de madera y el cultivo de amapola. En varias ocasiones las familias que no tienen ingresos seguros han encarado a los militares que llegan a destruir sus cultivos, criminalizando su pobreza. Resisten todo el tiempo el asedio de grupos de la delincuencia que se disputan el control de sus territorios. Los desplazamientos forzados son un fenómeno creciente en las partes altas de la serranía, que abarca las regiones de la Tierra Caliente, norte, centro y la Costa Grande de Guerrero.

Con el nuevo gobierno de Evelin Salgado la violencia se ha extendido en las siete regiones de la entidad. Hay un despliegue inusitado de los grupos criminales que desafían a las corporaciones policiacas y a la misma Guardia Nacional, que sigue desdibujada y replegada. Las disputas territoriales se han recrudecido ante la titubeante administración de la nueva gobernadora. Esta coyuntura política ha sido aprovechada para afianzar su poder y supeditar a las mismas autoridades municipales a su lógica delictiva. Mientras tanto, los mandos policiacos y militares se han concentrado en las zonas turísticas para blindar a los paseantes, dejando como siempre en estado de indefensión a las familias pobres de la entidad que son víctimas de la paz impuesta por los grupos criminales.

* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan