os consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que quieren condicionar el ejercicio de revocación de mandato a un aumento presupuestal se parecen al señor Ebenezer Scrooge, personaje del Cuento de Navidad, de Charles Dickens. Scrooge es un hombre avaro, tacaño y egoísta que, en lugar de celebrar la Navidad, prefiere encerrarse solo en su casa para contar y recontar sus monedas.
De la misma manera, en lugar de festejar la oportunidad histórica para ejercer la democracia directa en México, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, prefiere aislarse en su burbuja burocrática y refunfuñar en los medios de comunicación sobre la supuesta carestía que habría maniatado al instituto electoral.
Es falso que el INE haya sufrido un recorte
en su presupuesto. El monto de 19 mil 737 millones de pesos aprobado para 2022 es mayor a su presupuesto en 2019 o 2020, ejercicios comparables con el actual por no haber incluido elecciones legislativas federales (véase: https://bit.ly/3JgaSEJ).
Los 13 mil 915 millones de pesos que el INE tiene asignado para su gasto operativo en 2022, sin incluir las prerrogativas de los partidos, son más que suficientes para llevar a cabo en tiempo y forma el proceso de revocación de mandato.
Pero para el bloque de consejeros conservadores el dinero es más importante que la democracia. En lugar de construir vías para hacer valer nuestros derechos ciudadanos, prefieren reproducir la vieja cultura política de un político pobre es un pobre político
articulada por el emblemático cacique priísta Carlos Hank González.
Llama la atención la incongruencia de quienes se quejan del derroche de recursos públicos por los partidos, pero hoy exigen mayor presupuesto para el INE. En 2022, la burocracia del INE gastará más que el doble que los partidos políticos. El asunto de los salarios inconstitucionales de los consejeros electorales es apenas la punta del iceberg. La pesada estructura del INE requiere de un recorte generalizado para eficientar procesos y agilizar su desempeño institucional.
Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha cancelado el irresponsable chantaje del INE. Las ministras Yasmín Esquivel y Margarita Ríos, integrantes de la Comisión de Receso de la SCJN, le han recordado a Córdova que, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución, solamente el Presidente de la República, con la aprobación del Congreso, puede suspender nuestros derechos humanos en casos de peligros graves
a la sociedad.
El INE simplemente no tiene facultades para suspender derechos políticos, sino todo lo contrario. La obligación constitucional del instituto electoral, de acuerdo con el artículo 41 de la Carta Magna, es siempre tutelar y defender a nuestros derechos electorales.
La suspensión del proceso de revocación de mandato decretado por el INE el pasado 17 de diciembre implica un grave rompimiento al orden constitucional. Tiene sentido entonces la denuncia presentada por la Cámara de Diputados a la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de coalición de servidores públicos
que se configura cuando un grupo de funcionarios públicos “se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley… con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas”, de acuerdo con el artículo 216 del Código Penal Federal.
Si los consejeros del bloque conservador insisten en incumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, la FGR no tendrá otra opción que proceder en su contra.
