Funcionarios federales revelaron que la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga han tenido acercamiento con la Fiscalía General de la República (FGR) para tratar de obtener un criterio de oportunidad que les permita no ser encarcelados por la acusación de delincuencia organizada o con el fin de que reciban una condena baja.

Lo anterior, a cambio de información que lleve a detener y procesar a empresarios y ex funcionarios que defraudaron al fisco mediante empresas factureras.

Desde octubre pasado ambos se convirtieron en prófugos de la justicia mexicana y ya son rastreados en los más 190 países integrantes de Interpol.

Gómez Mont y Álvarez Puga están acusados de hacer operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social.

Además, en una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) Gómez Mont y Álvarez Puga están señalados de hacer operaciones con grupos delictivos mediante empresas factureras.

La orden de captura fue librada por un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, por lo que en caso de ser detenidos serán encarcelados en un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso).

De acuerdo con la investigación, Gómez Mont y Álvarez Puga han estado en diversos países sudamericanos y se han trasladado por mar, lo que ha hecho difícil su ubicación oportuna por autoridades policiales, indicaron las fuentes consultadas.

Los contactos para el acercamiento con funcionarios ministeriales se han a dado a través de abogados y, según los entrevistados, no se les ha otorgado ningún beneficio para evitar el enjuiciamiento.