Para el próximo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) deberá resolver diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores y diputados federales de oposición en contra de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, la revocación de mandato y las reformas en materia de energía, entre otros asuntos.

Desde que inició el actual gobierno, los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC han promovido 16 acciones de inconstitucionalidad en contra de reformas a leyes federales que consideran contrarias al contenido de la carta magna.

Las acciones de inconstitucionalidad le sirven a las minorías legislativas para invalidar normas generales que estiman contradictorias a la Constitución o a los tratados internacionales firmados por nuestro país.

La oposición recurrió a las acciones de inconstitucionalidad desde diciembre de 2018, cuando promovieron cuatro de estos recursos contra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que fue reformada para compactar el aparato de gobierno, cambiar el nombre a varias secretarías de Estado y dependencias públicas.

Al año siguiente, la oposición sumó tres acciones de inconstitucionalidad al impugnar reformas a la Ley Federal de Austeridad Republicana, a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y a la Ley Federal de Remuneraciones.

Mientras en 2020, diputados y senadores de minoría impugnaron ante la SCJN los cambios a la Ley del IVA, la Ley de Adquisiciones, la Ley Federal de Derechos de Autor y la desaparición de fideicomisos.

Durante el año que está por concluir, los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC han recurrido a las acciones de inconstitucionalidad para combatir los cambios en la Ley Orgánica de la Armada de México, la Ley Federal de Revocación de Mandato, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y las reformas a las leyes de puertos y comercio marítimo que pasaron a la Secretaría de Marina el control de este sector.