Los módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas de los diputados del Congreso de la Ciudad de México carecen de una actividad institucional específica para su operación, no establecen metas físicas que permitan evaluar sus resultados y tampoco cuentan con mecanismos de medición y evaluación. Asimismo, los datos en sus informes de gestión contienen diferencias; la normatividad para la comprobación de sus gastos está desactualizada y hay incumplimientos respecto del número de personas contratadas.

Estos son algunos hallazgos que arrojó la revisión del gasto para los módulos legislativos que realizó la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), órgano auxiliar del mismo Congreso capitalino, dentro de la revisión de la Cuenta Pública de 2020, por los que emitió un total de 16 recomendaciones.

A partir de una muestra de 15 de los 66 módulos, la ASCM revisó aspectos como el control interno, competencias del personal, eficacia, eficiencia y economía de los módulos, mediante los cuales se da atención personalizada a las solicitudes, quejas o consultas que realiza la ciudadanía y se canalizan a la instancia correcta para su atención.

El reporte refiere que por los informes trimestrales ingresaron en conjunto 37 mil 589 solicitudes, mientras que de sus informes anualizados la suma es de 49 mil 567, diferencias que se observan también respecto del estado de atención de las mismas, por lo que se determinó que no fue posible medir la eficacia de los módulos.

En la revisión de la plantilla del personal adscrito a dichos espacios, las normas generales para su funcionamiento prevén que el número de colaboradores consistirá en un coordinador y tres colaboradores, pero algunos contrataron hasta siete personas y alguno reportó haber funcionado sólo con una persona.

Respecto de los recursos que los 15 módulos de la muestra reportaron como pago al coordinador y colaboradores, van de 31 mil hasta 75 mil 189 pesos mensuales. El monto total asignado al mes para la operación de cada módulo fue de 84 mil 32.14 pesos, pero el que debían destinar los legisladores para honorarios no debía rebasar 47 mil 848 pesos.

La ASCM observó que el Congreso capitalino carece de mecanismos de control para asegurar que el personal que opera los módulos cuente con perfiles de puesto actualizados y autorizados para garantizar una correcta atención a la ciudadanía.

Si bien los legisladores están obligados a entregar un plan de trabajo de su respectivo módulo, no existe un mínimo de requisitos para su elaboración ni se cuenta con mecanismos para garantizar que la disposición se cumpla.

La Auditoría consideró que adicional a los seis comités para el funcionamiento administrativo del Congreso, integrados por los mismos legisladores, sería conveniente establecer uno en materia de administración de riesgos y evaluación del control interno, así como la creación de un código de conducta y ética para todo el personal, ya que sólo cuenta con uno aplicable a los legisladores.