Para ser los salvadores de la patria, se les ve muy relajados. Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) saltaron a las primeras planas hace unos días porque presentaron una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial que define las megaobras del gobierno federal como asuntos de seguridad nacional.

Ayer tuvieron su última sesión ordinaria del año y, salvo asuntos relevantes bien abordados por las comisionadas, la dedicaron al elogio mutuo y a dar lecciones sobre la importancia de la transparencia.

La agenda era abultada. En los asuntos reservados para su atención particular hubo uno contra el Conacyt, relacionado con el Fondo Mixto que mantiene con el gobierno del estado de Chihuahua. Un ciudadano solicitó conocer las sanciones aplicadas por irregularidades administrativas y, en su respuesta, los sujetos obligados no sólo dijeron no encontrar la información pedida, sino se declararon incompetentes para brindarla.

La consejera Josefina Román hizo una explicación amplia de la contradicción evidente: el sujeto obligado, es decir, la dependencia pública que debe responder a la solicitud de información argumentó simultáneamente ser incompetente para dar respuesta y no encontrar los datos solicitados. Esos conceptos no pueden coexistir, dijo la comisionada.

El consejero Javier Acuña subrayó el hecho de que la respuesta inadecuada proviniera de una entidad –se entiende que el Conacyt– que ha mostrado el mayor número de resoluciones adversas.

El comisionado Adrián Alcalá se refirió a la negativa de la Secretaría de Educación Pública para entregar a un ciudadano solicitante los diagnósticos de los comités ciudadanos del programa La Escuela es Nuestra (referidos a su operación en el municipio de Puebla en 2019, Recurso de Revisión 13813/21). La SEP declaró inexistente la información y remitió al solicitante a la Secretaría del Bienestar. El comisionado Alcalá dio una extensa explicación sobre cómo tal resolución (el diagnóstico de la manera en que estaban las escuelas antes del programa) afecta el derecho a la educación garantizado en nuestro marco legal.

El tercer asunto tuvo que ver con un cliente regular del INAI, el Registro Nacional Agrario (RNA). Lo presentó la comisionada Julieta del Río y tiene que ver con la negativa del RNA a entregar a un solicitante la información sobre 587 núcleos agrarios del estado de Chihuahua. Varios comisionados intervinieron para dejar claro que la burocracia del RNA es una enemiga contumaz de la transparencia, pues más de 60 por ciento de las solicitudes de información que recibe son rechazadas o simplemente no son respondidas. Se trata, dijeron, de una dependencia que sistemáticamente demora las respuestas en el marco del sistema de transparencia.

Los tres temas, que resumen muchos otros votados en paquete, fueron aprobados por unanimidad, al igual que el nombramiento de la nueva titular de la Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del Sistema Nacional de Transparencia, cargo que fue otorgado a Ángeles Ducoing, quien hasta hace poco encabezaba el órgano de transparencia en el estado de Guanajuato.