Como hicieron la víspera los gobernadores extraídos de Morena, los coordinadores parlamentarios en los 32 congresos locales y alcaldes de ese partido emitieron sendos pronunciamientos para condenar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de suspender las actividades organizativas de la revocación de mandato. Esto atenta contra los derechos políticos consagrados en la Constitución, por lo que pidieron al INE reconsiderar y optar por una postura garantista de los derechos.

En su documento público, los legisladores destacan que al decidir por esta opción a algunos consejeros del órgano electoral les resultó más fácil explicar por qué no posibilitan el ejercicio de este derecho que encontrar como sí pudiera garantizarse. Por ello, los diputados locales rechazaron los argumentos de la autoridad electoral para suspender las actividades de este proceso.

Señalaron que la democracia no puede ser un proceso que se realice cada seis años, sino que debe ser un sistema en el que los ciudadanos puedan tener mayor participación. La búsqueda de nuevos formatos de participación democrática es una lucha que tiene muchos años e implicaciones mayores a los que actualmente ostentan cargos públicos.

El pronunciamiento de los alcaldes subraya que los derechos constitucionales sólo pueden suspenderse por las causas y mediante el mecanismo de control consagrado establecido en el artículo 29 constitucional, esto es, cuando existe invasión, perturbación grave de la paz pública o peligro para la sociedad.

Para los alcaldes, la decisión adoptada por una ajustada mayoría de consejeros suspende el derecho constitucional a la consulta sin que se atienda a ninguna de las causales previstas. Es decir, se advierte una notoria invasión de facultades.

Además, según los alcaldes morenistas, la decisión contraviene lo dispuesto en el artículo 29 constitucional y el 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ambas disposiciones prohíben la suspensión de derechos políticos.