Madrid. Los augurios a mediano plazo sobre los elevadísimos precios de la energía eléctrica en España son inquietantes: el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) advirtió en un informe que sus previsiones son que el costo del megavatio hora (MWh) se mantendrá por encima de los 300 euros hasta marzo de 2022, es decir, que durante todo el invierno la electricidad estará en cotas históricas. A principios de 2021 el precio oscilaba entre los 35 y los 45 euros el MWh, con lo que el incremento es notable en sólo 12 meses y está provocando la asfixia económica de millones de hogares y comercios en el país.

La pobreza energética en España se agudizará en los próximos meses, precisamente cuando más se usa la luz eléctrica o el resto de energía para combatir el intenso frío de los meses de invierno y para hacer frente a la oscuridad en los días en los que la luz solar es más breve. En su informe sobre las previsiones de futuro, el OMIP –que es el órgano que gestiona el mercado mayorista de la electricidad por designación de la Unión Europea (UE) y el Estado español– refleja una curva que se mantiene en su pico más alto hasta marzo de 2022.

En los pasados seis días saltó la alarma por un comportamiento inédito del precio de la luz: el costo del MWh se mantuvo por encima de los 300 euros, en el que el pasado lunes fue el máximo histórico, al rozar los 340 euros, y que este martes registrará el segundo máximo hasta ahora, de 327,38 euros. Este precio, que hace sólo unos meses era impensable, se estabilizará en los próximos tres meses y no bajara de esa franja de los 300 euros hasta después de marzo, según el informe del OMIE.

En el documento diario del operador principal también se registran los precios máximos de cada jornada, que siempre son en las horas punta –generalmente entre las nueve y las diez de la noche–, que es cuando más hogares utilizan la luz eléctrica. Igualmente esos precios máximos se están situando en los días recientes por encima de los 370 euros, mientras que el más bajo –que suele registrarse entre las cuatro y las cinco de la mañana– es de alrededor de 270 euros, es decir 100 euros menos, una diferencia también inédita.

Con este panorama ya se da por hecho que diciembre será el más caro de la historia, que hasta ahora era el pasado octubre, con 199 euros de media del precio MWh. Esta espiral de aumentos del precio de la electricidad se debe al elevado precio del gas natural, de los derechos de emisión del dióxido de carbono, a que en los días recientes se ha generado muy poca energía eólica por la escasez del viento y, finalmente, por la voracidad de las cinco grandes empresas eléctricas que operan en España: Iberdrola, Endesa, Repsol, Naturgy y EDP.

Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la factura de un hogar en España en noviembre se situó por encima de los 83 euros (2 mil pesos), lo que supone 40 por ciento más cara que en el mismo mes de 2018, que fue precisamente el año que hasta ahora se había registrado como el más caro de la historia. De hecho, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se comprometió hace un par de meses a que al final del año cada familia pagaría por la luz un precio similar al de ese año. Hoy nadie, ya ni siquiera el gobierno, considera viable cumplir ese promesa.

Abren investigación contra Iberdrola

Precisamente cuando cunde la desesperación en millones de hogares por el precio de la luz y el encarecimiento en general de la vida, un juez decidió abrir una investigación judicial contra la empresa eléctrica Iberdrola por un presunto delito contra los recursos naturales, que se basa en el supuesto vaciado de una presa en la provincia de Zamora, que se habría hecho de forma premeditada e intencionada para manipular los precios de la electricidad.

La investigación la abrió el juzgado de instrucción número cuatro de Zamora, que admitió una querella en la que se señala a Iberdrola y a la Confederación Hidrográfica del Duero de haber vaciado y secado la presa de Ricobayo, que en plena escalada de los precios se quedó a sólo un 10 por ciento de su capacidad, con lo que generaba menos energía.

Los responsables tanto de Iberdrola, como de la Confederación están citados a declarar el próximo 16 de febrero, en lo que se podría convertir en el primer juicio en el que se indague precisamente por una de las prácticas habituales de las grandes eléctricas para manipular los precios y que se ha denunciado en reiteradas ocasiones tanto por los propios usuarios, como por los habitantes de las provincias en las que se encuentran las presas.

Esta práctica, además de alterar el precio de la electricidad en el mercado global, también ha generado escasez de agua en las pueblos y las localidades cercanas a las presas que fueron manipuladas, que según las denuncias fueran muchas, aunque en este proceso judicial sólo se investigará el caso de la Ricobayo.