Recién designada titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada asume la necesidad de un viraje en la respuesta a las víctimas para ir más allá de sólo estimar el sufrimiento en términos económicos. Por ello, se debe adoptar un criterio de reparación del daño que considere igualmente prioritario acompañarlas en su lucha por alcanzar la verdad y la justicia, porque la impunidad es una forma de revictimización.

Rodríguez reconoce que un factor importante que ha tergiversado el tratamiento con las víctimas es la asesoría de abogados que concentran sus esfuerzos en alcanzar la reparación económica a través de la indemnización. Imagínate, estos abogados que realizan estas prácticas deshumanizan a las víctimas. No lo podemos permitir desde la institución, que realizará las acciones necesarias para evitarlas, sino también desde la sociedad, que sí debe mandar un mensaje de no avalarlo.

En entrevista, admite que la realidad es que existen criterios que se deben homologar sobre la reparación del daño. No se puede pensar con un enfoque solamente compensatorio que se arregla con dinero. Se entiende el enojo de las víctimas, porque si les dicen que les van a dar cierta cantidad de dinero, el mensaje que mandas es que eso cuesta lo que viviste, el delito, la vida de tu familia.

Rodríguez debe afrontar una realidad inmediata: las restricciones presupuestales, toda vez que de 2 mil millones de pesos que se solicitaron, sólo se asignaron 900 millones. “No estamos en números rojos, se va a operar con el mismo dinero que en 2021, incluso un poco más. El dinero que se había solicitado derivó de una proyección ideal para que funcione la CEAV, se tiene garantizado el funcionamiento (…) No estamos holgados, pero no estamos ahorcados”.

En una primera revisión con el área financiera se desprende la posibilidad de apelar a otros mecanismos que permitan fortalecer económicamente a la institución. A su juicio, la desaparición del fondo con que se contaba fue una adecuación del canal de entrega de recursos a través de la Secretaría de Hacienda.

Desde luego que en la atención a víctimas se debe asumir la ruta fijada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el enfoque reparador y el compensatorio. En la Ley General de Víctimas se establecen ambos procedimientos, la vía subsidiaria es cuando ya no hay una investigación que nos lleve a acceder a sentencias y exigirles a los responsables el pago de la reparación.

Parte de sus objetivos es la definición de plazos para la atención a partir de proyecciones de tiempo para las respuestas que requieren las víctimas, a fin de que el acompañamiento de la CEAV marque alternativas en cada caso, con el propósito de fijar mejores formas de subsanar el daño.

–¿Son procesos muy desgastantes?

–Totalmente de acuerdo. La idea de las proyecciones reales de tiempo atiende esta situación y ofrecen formas de respuesta, porque así como tenemos asesores jurídicos que se comunican a diario con las víctimas, hay casos que se comunican una sola vez. Hay que homologar criterios.

–Hay quejas de las víctimas de insuficientes apoyos.

–Sí, tienen que ver muchas situaciones, desde la inexistencia de un titular, que impedía procedimientos y trámites administrativos para autorizar un presupuesto, hasta otro tipo de situaciones, como este cambio de fideicomiso, que ya llevamos más de dos años. Esto no quiere decir que nos estemos excluyendo de responsabilidad, pero sí que la CEAV es una institución que debe generar sinergias entre las víctimas y las otras entidades del Estado.

¿Qué pasa cuando les decimos a las víctimas que lo que viviste vale dinero? Estamos deshumanizando a la víctima, pero también no le estamos garantizando sus derechos, ni siquiera ante la sociedad, al contrario, estamos generando más elementos de discriminación, pues se genera este concepto de que las víctimas sólo quieren dinero. No, las víctimas son víctimas porque vivieron un hecho delictivo.

Otro de los mayores desafíos institucionales compete al incumplimiento en recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y anticipó un encuentro con Rosario Piedra para revisar los casos.