A partir de dos datos, en apariencia aislados, saltó la punta de la madeja que llevó a dos reporteras freelance –Paula Mónaco Felipe y Wendy Selene Pérez– a descubrir cómo, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se le permitió a una opaca empresa privada acceder, copiar y lucrar con la más importante base de datos genéticos de familiares de cerca de 70 mil desaparecidos del país.

Uno llegó a conocimiento de Paula cuando Ana Enamorado –hondureña que desde 2010 busca en México a su hijo Óscar (migrante en ruta desaparecido)– le confirmó que una mujer que se identificó como Mariana García Sosa, representante de Central ADN, la contactó para asegurarle que en su laboratorio se había detectado que en una morgue de Michoacán hay un cuerpo que podría ser el de su hijo. Esto ocurrió en 2018.

La llamada no cayó en oídos ingenuos. En su lucha por encontrar a Óscar, Ana –quien hoy es una destacada defensora de derechos de migrantes radicada en esta ciudad– ha aprendido mucho y conoce las trampas y fraudes que en el país acechan a los buscadores. Por eso lo comentó con esta reportera, con quien con los años tejió lazos de amistad y solidaridad.

“Topamos con una de esas situaciones despiadadas que viven los familiares de los desaparecidos, que van entre el fraude, el engaño, la burla, el maltrato y el riesgo de perder los datos genéticos –ahora en manos de un negocio particular–, que son la única forma de saber el paradero de sus seres queridos.”

La otra punta del hilo la encontró en Coahuila Wendy Selene. Ella también lleva años especializando su trabajo de reporteo en este tema, herida abierta a lo largo y ancho del país.

Había solicitado información a la Fiscalía de Coahuila sobre uno de los casos que investigaba, el de Tania Sánchez, desaparecida en enero de 2012 cerca de Torreón. En la respuesta escrita se especificaba que 14 restos encontrados fueron analizados por una empresa particular, Central ADN, con sede en Michoacán. La periodista había escuchado de ocasiones en que los gobiernos estatales contratan servicios de particulares, como funerarias, ambulancias… pero nunca algo relacionado con el perfil genético de las personas que han recurrido a la procuración de justicia del Estado.

En entrevista, Paula relata: “Empezamos a jalar los dos hilitos. Al principio, en una solicitud de información por transparencia, negaron la existencia de convenios con empresas privadas, pero en la medida que avanzamos dimos con más indicios de éstos en varios estados, hasta que apareció un dato central: el primer comisionado de búsqueda de víctimas de desaparición forzada, integrado a la Comisión Nacional de Seguridad (entonces bajo el mando de Renato Sales Heredia), Roberto Cabrera Alfaro, tiene en curso un proceso penal abierto en la Fiscalía Anticorrupción. El presunto delito es ejercicio indebido de la función pública (violación al artículo 214 del Código Penal Federal). De ser encontrado culpable, recibiría una pena de 12 años de prisión.

En específico, a Cabrera se le acusa de haber entregado a un particular (Central ADN, SA de CV), sin convenio ni pago, la copia de la base de datos del banco genético de la entonces PGR mientras dirigía la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en 2018. Presentó una solicitud de amparo contra la vinculación a proceso, pero un juzgado de distrito se lo negó. Después de tres audiencias suspendidas a lo largo de este año se espera que la próxima se lleve a cabo en enero de 2022.

En la investigación periodística citada hay vínculos de este tráfico de ADN de víctimas con tres funcionarios públicos del sexenio pasado. El primero es Renato Sales Heredia, actualmente titular de la Fiscalía General del gobierno de Campeche. En 2015, bajo su mando en la Comisión Nacional de Seguridad, se creó la CNB. Sales nombró como responsable a su paisano Cabrera. Antes (2002-2006), ya habían trabajado juntos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El presunto robo del banco de datos objeto de esta investigación ocurre en el momento en el que Sales es responsable del área.

La segunda es Marta Acela Valdés González, quien era directora del Laboratorio de Biología Molecular de Servicios Periciales de la entonces PGR cuando firmó un convenio con Central ADN para el ingreso de tres computadoras Lenovo a sus instalaciones, con el fin de hacer una demostración del software. Ello, aclara Paula Mónaco, implicó cargar en las tres laptops de la empresa representada por Mariana García Sosa la base de datos con los perfiles genéticos de cerca de 50 mil víctimas. Y esto implica que una copia está en la nube. En la misma página web de Central ADN hay una liga de acceso con el programa AlteaDB. Lo mínimo que se debe saber es quién tiene acceso a esa base; preguntamos en la FGR y no obtuvimos información.

Tampoco lograron que se precisara si Marta Acela Valdés, hoy consultora privada después de aspirar a dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda, está sujeta a investigación.

Lía Limón, involucrada

La tercera implicada en la trama es Lía Limón, quien fue subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación entre 2012 y 2015, cuando se integró la base de datos con el software Codis de la FBI. Era la encargada de poner en funcionamiento esa base de datos. En ese tiempo fue pareja de Hugo Pablo Carlos Scherer Castillo, quien aparece en enero de 2013 en el acta constitutiva de Central ADN como secretario de la sociedad mercantil. En ese horizonte apareció una posibilidad de hacer un nuevo negocio.

–Pero, ¿esa empresa hizo realmente un buen negocio con el ADN de los desaparecidos?

–No lo sabemos –responde Wendy Selene Pérez. Se sabe que con el convenio firmado con Coahuila obtuvieron 4.1 millones de pesos entre 2018. Con Morelos, (convenio UPAC/SER133/2016) para hacer 149 pruebas de identificación humana de las fosas comunes de Tetelcingo, se pagó poco más de un millón de pesos. Además, hubo un acuerdo para capacitación en San Luis Potosí. Otras solicitudes de información en diferentes estados han negado la existencia de convenios.

“¿Qué valor puede tener una base de datos de genética… o su copia? En un país con cerca de 100 mil desaparecidos que son buscados por sus familias, una confronta de muestras de ADN eficaz puede tener un costo de 200 dólares, pero no es lo único. Central ADN nunca cobró por hacer pruebas a los familiares que contactaron; lo manejaron como gesto altruista, pero cobraron de otro modo: las familias fueron usadas para tener acceso a otros espacios, relaciones con las organizaciones de buscadoras, contactos políticos… esto, con un gran negocio en puerta.”

–¿Qué implicaciones tiene el hecho de que una empresa privada posea una copia de los perfiles genéticos de las personas que recurren al Estado en busca de un familiar desaparecido?

–Primero, es una violación a los datos personales, que están protegidos por ley. Nosotras lo vemos así: si fuéramos familiares de una persona desaparecida, tendríamos miedo a que se lucre con esos perfiles, pero sobre todo, a que se pierda el objetivo de todo esto, que es la posibilidad de que algún día sea identificado nuestro ser querido.